El gobernador Jorge Herrera Caldera propuso ante el Congreso local la iniciativa que reforma y adiciona a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, siendo uno de los objetivos establecer un moderno y estructurado sistema disciplinario con el propósito de prevenir y combatir la corrupción en la administración pública.
La iniciativa se propone para establecer un procedimiento más expedito, incorporando la amonestación privada en el sistema de quejas y denuncias, además de que busca privilegiar el aspecto preventivo de la Ley, y eliminar su ambigüedad en la interpretación, creando nuevos capítulos para evitar recurrir a la aplicación indiscriminada de la supletoriedad.
Otro de los objetivos de la iniciativa consiste en establecer los principios rectores que deberán regir el procedimiento disciplinario de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; así como regular los inicios de procedimiento disciplinario derivado de hallazgos de auditoría.
Se contempla también modificar los términos para que opere la prescripción, dado que en la ley vigente sólo se contemplan dos términos: un año cuando el daño no excede de diez veces el salario mínimo y tres años para los demás casos; mientras que en la iniciativa se contemplan tres supuestos: un año cuando no hay un beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de cien veces el salario mínimo diario vigente en la zona económica respectiva; y en los demás casos, incluyendo la comisión de faltas graves, prescribirán en cinco años.
Un aspecto relevante de la iniciativa es la creación de un capítulo específico que establece las obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos, así como los capítulos de notificaciones, pruebas y valoración de las mismas.
Asimismo, dentro de las adiciones a la ley se establecen nuevas figuras jurídicas encaminadas a privilegiar el aspecto preventivo y sancionatorio de la misma, tales como: la inconformidad, amonestación privada, la recomendación y exhorto, medidas preventivas y código de ética.
En cuanto a sanciones, la iniciativa propone que se modifique la suspensión de un máximo de tres meses que contempla la ley vigente, a un término de seis meses.