Por Fernando Madera

Durango, Dgo. – De manera velada, con voz baja, se habla del problema sin que hasta ahora se informe abiertamente si en Durango existe el tráfico de personas; nueva forma de esclavitud donde las principales víctimas son mujeres y menores de edad.

En el centro y sur del país se ha combatido la trata de personas desarticulando bandas dedicadas a la contratación de mujeres como “edecanes” o “modelos”, siendo finalmente su real destino la prostitución.

Niños y niñas han sido raptados y en algún lugar del territorio mexicano son obligados a mendigar en las calles. Otros son utilizados en la industria de la pornografía infantil, y vendidos en una red de prostitución de menores.

En  Durango no se han oficializado cifras que permitan conocer el problema en su real dimensión. En apariencia nuestra entidad estaría exenta del problema pero la información que se ha hecho pública en diferentes momentos, invita a reflexionar y dudar si en realidad estamos libres del tráfico de personas.

 

Los casos

 

El 14 de julio del año 2007la Procuraduríade Justicia del estado de Durango realizó la detención de Manuel Arturo en su domicilio ubicado en calle Cuauhtémoc número 504, dela Zona Centro.

Fue acusado de abusar sexualmente de varias jovencitas pero la investigación descubrió lo que podría ser una red de prostitución y pornografía infantil.

En su domicilio se encontraron decenas de fotografías y video grabaciones de menores de edad posando sin ropa. Otras gráficas se podía observar al acusado sosteniendo relaciones sexuales con las menores.

Manuel Arturo –del cual se omiten sus apellidos por la presunción de inocencia- aparentemente ofrecía dinero a jovencitas de escasos recursos para que consintieran las fotografías y relaciones sexuales.

En el supuesto que existiera el consentimiento de las menores, no lo exime del delito que se le imputa, ya que se trata de menores de edad sin la capacidad de comprender el alcance de sus actos y eso también se penaliza con cárcel.

El caso fue descubierto hace cuatro años cuando aun no entraba en vigor el Nuevos Sistema de Justicia Penal, por lo que es casi imposible conocer detalles del proceso que se sigue en su contra.

En el mismo año y a manera de prevención, el Sistema para el Desarrollo Integral dela Familiadel Estado –DIF-, invitó a los diferentes medios de información a erradicar de sus páginas el comercio sexual.

Era común encontrar en los anuncios clasificados ofrecimientos sexuales sin mínima censura. Frases directas e imágenes reveladoras.

Jovencitas se ofertaban al mejor postor para realizar actos de índole sexual que iban desde un strip tease hasta el coito y sexo oral.

La respuesta de los principales medios de información fue tajante. A las pocas horas desaparecieron de sus páginas los anuncios clasificados de evidente prostitución y posible tráfico de personas.

Quien fungiera como Presidenta del DIF Estatal, Gabriela López de Hernández reconoció el apoyo y resaltó su importancia ya que con ello, se podría evitar la trata de personas que podrían generar esa clase de comercio publicitado en medios masivos de información.

Sin embargo no todos atendieron a cabalidad la recomendación y optaron por explotar lo que para ellos era una minita de oro.

Un medio impreso local atrajo la publicación de los anuncios relacionados con prostitución que los demás medios habían rechazado.

Con ello logró desplegar toda una estrategia para que resultara efectiva la publicidad que les contrataban por días, semanas y hasta meses.

Entre sus páginas se podían observar imágenes de mujeres casi desnudas y posando sugerentemente, lo que sin duda atraía la mirada de propios y extraños.

Hasta 60 anuncios se llegaron a contabilizar en sus anuncios clasificados donde irrisoriamente se advertía que era una sección “Solo Adultos”, aunque bastara comprarlo en sus puntos de venta y hojearlo para encontrar esa nociva publicidad sin mayor restricción.

Hasta hace unos meses el matutino finalmente dejó de publicar los anuncios de prostitución, cuando en el Congreso de Durango se propuso incluir en la legislación castigos económicos y corporales, para quienes publicaran en medios de información anuncios de comercio sexual.

Otro de los casos que llamó poderosamente la atención de los duranguenses fue el protagonizado por Miguel Ángel de 54 años.

En enero del 2011 esa persona fue detenida porla Fiscalía Generaldel Estado acusado de haber abusado de varias jovencitas, a las que ofrecía dinero a cambio de tomarles fotografías desnudas y sostener relaciones sexuales con ellas.

De acuerdo a la información proporcionada porla Fiscalía, el acusado ofrecía mil 400 pesos a cada jovencita para que permitieran fotografiarse desnudas.

Niñas estudiantes de secundaria fueron sus principales víctimas. Las utilizaba también para enganchar a otras jovencitas hasta que fue descubierto.

 

Contra la trata hay propuestas pero no resultados

 

En Durango el Código Penal se establece en el Subtítulo “Décimo Delitos ContraLa Dignidad DeLas Personas” y señala:

 

Artículo 303. Comete el delito de trata de personas quien introduzca, procure, promueva

facilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos o sus componentes.

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de órganos, tejidos o componentes.

Cuando las conductas anteriores recaigan en una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, se considerará como trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios señalados en el primer párrafo del presente artículo”.

 

En el caso de la pornografía infantil se señala  lo siguiente:

 

“Artículo 276. Al que por cualquier medio procure, facilite o induzca a una persona menor de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales, con el objeto de videograbarla, fotografiarla o exhibirla a través de cualquier medio se le impondrán de seis a catorce años de prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a mil ocho días de salario, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales gráficos”.

 

En ambos casos se plantean castigos para quienes cometan el delito, pero los duranguenses no quieren castigos ejemplares sino que se evite la trata de personas.

Durante el segundo periodo de sesiones del primer año legislativo se propuso reformas para castigar a quienes contraten espacios publicitarios en medios de comunicación.

Incluyó pena de cárcel para la persona que facilite la publicación, lo que impactaría a los medios de información que incurrieran en esa práctica.

No se trata de una reforma analizada por expertos duranguenses, es la copia de las modificaciones aprobadas por el Congreso dela Uniónexactamente en los mismos términos.

Sin embargo aun es fecha que la comisión dictaminadora no ha desahogado la propuesta para someterla al pleno y que finalmente sea aplicada en todo el territorio estatal.

Recientemente el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó iniciativa para crearla Leypara Combatir y Prevenirla Tratade Personas para el Estado de Durango.

Los panistas señalaron que “de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas parala Infancia–UNICEF-, cada año 1.2 millones de niñas y niños son víctimas de la trata de personas; mientras quela Organizaciónde las Naciones Unidas –ONU- indica que en los últimos 25 años al menos 27 millones de personas en el mundo han sido víctimas de explotación laboral, sexual o comercial”.

Remarcaron sobre la necesidad de redoblar esfuerzos de manera conjunta en todos los niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la participación directa y decidida de la sociedad en general para erradicar esta problemática.

En el documento se propone crear la Comisión Interinstitucional “para elaborar y poner en práctica el Programa Estatal, el cual deberá incluir políticas públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de la trata de personas, así como aquellas tendientes a la prevención, sanción y el combate del Estado frente a este delito”.

Sería integrada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, así como un representante designado por el Congreso del Estado; un representante designado por el Poder Judicial del Estado; la titular del Instituto de la Mujer Duranguense;  el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el titular de la Secretaria de Educación; el titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y cinco asociaciones civiles o instituciones afines a la prevención de la trata de personas.

La Comisión tendría como facultades y atribuciones elaborar y coordinar la ejecución del Programa Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas.

Desarrollar campañas de prevención en materia de trata de personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales, con especial referencia a las niñas, niños adolescentes y mujeres.

Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los Gobiernos de otras Entidades Federativas, así como con los Municipios, en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas del delito de trata de personas, con el propósito de protegerlas, orientarlas y atenderlas.

Destaca que como principal objetivo es la prevención del delito y no su castigo. Cuando se acusa a una persona o grupo de personas y son sometidas a juicio, es porque han violentado a un grupo de mujeres o niños y niñas.

El daño por tanto no es sólo físico sino emocional y psicológico en muchas ocasiones difícil de superar. Aunque la persona acusada pasara toda su vida en la cárcel, no repararía el daño infringido a sus víctimas.

La propuesta fue turnada a comisiones donde se espera sea desahogada, aunque también es probable que cuente con el mismo destino de las anteriores propuestas, el archivo muerto.