Acta Publica

Feb 14, 2017 / 18:18 pm

Martes 14 de febrero de 2017

Claudia Rodríguez

Aun cuando los Gobiernos mexicanos refutan una y otra vez la injerencia de las Administraciones de Estados Unidos en el combate al narcotráfico a nuestro país, no son pocas las evidencias de que la guerra contra el narco en México es direccionada desde los Estados Unidos con la intención incluso de desembocar en una intervención militar estadounidense de manera descarada y claro, justificada en los parámetros internacionales de defensa de su territorio e intereses.

La idea que tiene Donald Trump respecto a que México necesita ayuda para combatir a los cárteles de la droga, esa sí; no es un invento de Trump; sino más bien el pensamiento inserto en los gobiernos de nuestro vecino del norte que desde hace décadas intentan controlar los mercados de la droga en Latinoamérica y datos duros sobre estas acciones se han revelado de diversas formas.

Incluso, los estadounidenses se acusan de ser el mayor consumidor del mercado ilegal de drogas proveniente de México y es la principal premisa con la que se anotan coresponsables de combatir a los cárteles mexicanos; pero la estrategia detrás de este “mea culpa” es por lo menos el control militar de la frontera con México, que se dará de facto si Trump logra construir más allá del simbolismo, el muro en la frontera sur de Estados Unidos.

Muestras claras y conocidas más que sólo los informantes de la intervención estadounidense en la guerra contra el narco en nuestro país, son el  operativo del supuesto “trafico vigilado de armas” por parte de  la Dirección de Alcoholes, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF),  conocido bajo el nombre de “Rápido y Furioso”, que permitió y fomentó la  internación ilegal de armas de fuego al país, y que hubiera sido refutado sino hubiera sucedido el asesinato en México de un  agente estadounidense del Servicio de Inmigración y Aduanas, perpetrado  con armas provenientes del mismo “Rápido y Furioso”; y más tarde en el tiempo se conoció de los acuerdos de  la ex secretaria de Estado Hillary Clinton en el Gobierno de Obama y el Gobierno de México para internar esas armas a México de manera ilegal.

Qué decir de la Iniciativa o Plan Mérida por la cual la Administración de Felipe Calderón re direccionó los recursos nacionales para priorizar la guerra contra la delincuencia organizada que dejó en México un verdadero baño de sangre.

Así que la violencia que resurge en nuestro país y demás operativos en contra de los narcotraficantes, es más en razón de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump –entre otras– para combatir a los criminales de la droga dentro y fuera de Estados Unidos.

Así que la deportación de El Chapo es también parte de las negociaciones de Videgaray con el Gobierno de Trump.

 

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