Bitácora del director – Cómo acabó Colombia con su huachicoleo

Ene 11, 2019 / 8:02 am

Pascal Beltrán del Río
Durante una década, entre 1999 y 2009, Colombia sufrió por el robo de combustible.

En dicha actividad ilegal participaron grupos guerrilleros y paramilitares, así como los cárteles del narcotráfico, que causaron a la empresa Ecopetrol pérdidas por centenares de millones de dólares.
El peor año fue 2002, cuando se robaban al día un promedio de siete mil 270 barriles de combustible, equivalentes a 1.15 millones de litros.
Aunque la comercialización de la gasolina robada siempre ha tenido un atractivo económico, esta práctica comenzó por la producción de cocaína, que utiliza productos del petróleo como insumo.
Para producir un kilo de cocaína, se necesita, además de cien kilos de hoja de coca y otros ingredientes, casi 40 litros de gasolina o diesel.
El combustible se utiliza para absorber los alcaloides que liberan las hojas de coca con la ayuda de una mezcla de carbonato de sodio, carbonato de calcio y ácido sulfúrico.
Con el tiempo, las organizaciones criminales comenzaron a robar incluso petróleo crudo, que procesaban en refinerías clandestinas, lo que les permitía generar dos subproductos conocidos como cochinillo y hexano, que, de acuerdo con los narcotraficantes, da mejor calidad a la cocaína.
De acuerdo con datos de Ecopetrol, Colombia tiene una red de ductos de ocho mil 954 kilómetros, de los cuales cinco mil 467 son oleoductos y tres mil 106 son poliductos.
Uno de los principales focos de ataque por parte de los ladrones de combustible es el Oleoducto Transandino, que une a las zonas productoras del suriano departamento de Putumayo con el puerto de San Andrés de Tumaco, en el Pacífico. Otro es el Oleoducto Caño Limón-Coveñas, que va bordeando la frontera con Venezuela, en el oriente del país.
En ambos casos la participación de las FARC, la guerrilla con la que el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz, fue ampliamente documentada.
También se ha detectado la presencia de cárteles mexicanos en la sustracción ilegal de combustible. En octubre de 2016, el diario El Colombiano dio cuenta de una investigación policial que detectó la presencia del Cártel de Sinaloa en el departamento de Nariño, por su interés en la cocaína producida con cochinillo.
Además del daño económico, el robo de hidrocarburo produjo grandes afectaciones al ambiente. De acuerdo con Ecopetrol, los ladrones de combustible únicamente utilizaban 38% del producto y desechaban el resto en suelos y ríos.
Cuando la sustracción ilegal de petróleo y productos derivados alcanzó su pico en 2002, Ecopetrol y el gobierno colombiano establecieron “una estrategia conjunta, en la cual, mediante un fuerte componente de coordinación y aseguramiento, se integraron acciones policiacas, judiciales, legales, tecnológicas, operativas y sociales, con un alto compromiso del gobierno y sus instituciones” (El Nuevo Siglo, 22 de abril de 2013).
“Se incrementaron medidas de seguridad y vigilancia por parte de la policía y las fuerzas militares, al tiempo que se crearon grupos interdisciplinarios dedicados única y exclusivamente al control del apoderamiento de hidrocarburos, donde se entrelazaban estructuras de apoyo, denominadas Edas, las cuales se conformaron con funcionarios de la Fiscalía, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (DIJIN)”.
Dichas Edas tenían “la responsabilidad de realizar investigaciones, judicializar delincuentes y propiciar el fortalecimiento de leyes y decretos para impulsar las transformaciones legales con el fin de combatir con más fuerza esta actividad”.
Simultáneamente, Ecopetrol desarrolló sistemas de detección de fugas, utilizando diferentes tecnologías, para identificar con precisión la localización de las perforaciones ilícitas y la cuantificación de los volúmenes hurtados.
De esa manera, en diez años, Colombia logró una disminución superior a 97% en el robo de combustibles. “De los más de siete mil barriles diarios que eran sustraídos en promedio en 2002, se pasó a 23 barriles por día en 2012”.
Es decir, sí hay modo de atacar esta actividad ilegal, que puede resultar más lucrativa incluso que el narcotráfico.
(Esta entrega de la Bitácora se publicó originalmente el 10 de mayo de 2017. Hoy vuelve a aparecer por el interés que existe en el tema.)

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