Bitácora del director – Coordinadores

Jul 21, 2018 / 11:45 am

Pascal Beltrán del Río

El anuncio que ha hecho el virtual Presidente electo Andrés Manuel López Obrador de desaparecer las delegaciones en los estados de las dependencias del gobierno federal ha sido uno de los temas más controvertidos del periodo poselectoral.

El propio López Obrador ha justificado la medida como una forma de propiciar ahorro en el gasto público. Ha explicado que algunos estados tienen más de cincuenta delegaciones, lo cual es cierto.

Un ejemplo de la omnipresencia de las delegaciones federales son las que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se les conoce como Centros SCT. Éstos están presentes en todas las capitales estatales, pero además en muchas otras ciudades, como Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, León, Manzanillo, Tapachula, Tijuana, etcétera.

En La Laguna hay dos: uno en Gómez Palacio, Durango, y otro en Torreón, Coahuila. De acuerdo con la página de internet de la dependencia, entre uno y otro hay cinco kilómetros.

Sin duda ha habido y sigue habiendo dispendio en los gastos de operación del gobierno federal y se podría ahorrar mucho al terminar con la duplicidad de funciones, oficinas irrelevantes, exceso de personal y sueldos inflados. He sostenido varias veces en este espacio que la administración pública debe adelgazar.

El problema es que cada vez que esta necesidad se ha puesto a discusión han surgido denuncias y manifestaciones contra lo que algunos ven como una malévola intención de poner burócratas en la calle.

Dicho eso, algunos comentaristas se han preguntado –con razón, digo yo– si la eliminación de las delegaciones federales de un plumazo, para sustituirlas por una sola “coordinación general de programas federales”, no hará que se pierda la especialización que se ha logrado con el tiempo y la atención sobre asuntos particulares.

Por ejemplo, las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) son las que dan seguimiento a miles de juicios agrarios. ¿Una sola “coordinación general” –con pocos empleados, se entiende– podría atender temas tan variados como los que actualmente están a cargo de las delegaciones?

Sin duda, falta conocer los detalles del plan del nuevo gobierno. Si la “coordinación general” propuesta sería una especie de jefatura de la actual estructura de delegaciones federales, entonces no se ganaría mucho en términos de adelgazamiento del aparato burocrático ni habría el consecuente ahorro de recursos públicos.

Pero si va en serio la desaparición de las delegaciones, el nuevo gobierno tendría que estar preparado para realizar despidos.

En los estados hay casos en los que se ha hecho justo eso. En Hidalgo, el gobernador Omar Fayad eliminó las delegaciones estatales en diferentes ciudades de la entidad y eso implicó el recorte de unas tres mil plazas.

Tal vez podría haber un método intermedio de contar con una representación suficiente de las dependencias federales en los estados, dejando en un tamaño razonable al aparato burocrático.

En Estados Unidos, 85% de los empleados públicos federales labora fuera de Washington, DC. La mayoría de las dependencias de gobierno tiene oficinas regionales –usualmente diez– que atienden los temas de diferentes estados del país.

Esa podría ser una alternativa al llevarse una secretaría completa a otra ciudad. ¿Qué tal si se crea una decena de “centros federales regionales” en ciudades localizadas estratégicamente, donde haya oficinas de todas las dependencias públicas?

Por otro lado, ha habido crítica sobre los nombres propuestos como “coordinadores generales”, pues muchos de ellos han sido dirigentes estatales de Morena o aspirantes a la gubernatura del estado en cuestión. Uno comúnmente citado es el de Delfina Gómez, en el Estado de México, pero hay otros casos, como Jaime Bonilla Valdez, en Baja California.

¿Por qué menciono a Bonilla? Porque Baja California está entre los cinco estados que tendrán elecciones locales el año entrante y es sabido que el senador electo Bonilla aspira a la gubernatura.

Quizá no se interese en el periodo de dos años y nueve meses que estará en disputa en 2019, sino en la gubernatura de seis años, que se elegirá en 2021.

Los críticos de la creación de las “coordinaciones generales” –a cargo, como digo, de políticos ligados con tareas electorales en Morena– han dicho que se trata de crear la figura de “procónsul” o gobernador informal que pase sobre los mandatarios estatales para aplicar las políticas del gobierno federal y llevarse el crédito de los beneficios sociales.

Con las elecciones locales en 2019 en cinco estados –Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas– pronto se sabrá si esta propuesta sólo busca combatir la corrupción y reducir el gasto público o se trata de algo más.

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