Debilidad del Estado de Derecho

Abr 4, 2017 / 18:53 pm

  En Redondo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha demostrado ser una institución confiable para la sociedad, sobre todo cuando en su informe correspondiente a 2016, dado a conocer este viernes 31 de marzo, su presidente Luis Raúl González Pérez afirma que en México se vive dentro de un Estado débil de Derecho.

Definición de nuestra realidad durante los 12 meses del año anterior, como compleja, al estar caracterizada por un contexto de inseguridad, impunidad, corrupción, violencia, exclusión, discriminación, aunado a una evidente desigualdad y pobreza, en un clima de violaciones de derechos humanos en distintas regiones de la geografía nacional.

Todo ello es consecuencia de la falta de un acceso real a la justicia que el país enfrenta de manera cotidiana y provoca desconfianza ciudadana hacia las instituciones, por lo que plantea indispensable reiterar que la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, están ligados a la debida y oportuna observancia y aplicación de la ley, como marco necesario para la convivencia social pacífica, además del reconocimiento y ponderación de la dignidad de las personas.

Reporte anual en la Residencia Oficial de Los Pinos, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, en la que la dos ausencias más evidentes fueron las de los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, cuyas dependencias fueron señaladas como parte de las 10 instituciones del Estado Mexicano con mayor número de quejas por violación a los derechos humanos en la república.

Relación en la que se incluye en primer lugar al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de las cárceles federales controladas por la Secretaría de Gobernación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Policía Federal, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación y Procuraduría General de la República.

El ombudsman nacional afirmaría ante los miembros del Gabinete Federal, que 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México. “Fue un año donde las autoridades federales, estatales y municipales no pudieron garantizar plenamente la vigencia y respeto de los derechos humanos en diversas regiones del país.

González Pérez no titubeó para denunciar que “la corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas, hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones, y en varias partes del país no hubo condiciones mínimas de seguridad para la convivencia social y pacífica”.

Se evidenciaron, agregaría, varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante.

Dureza en sus conceptos: “Ya sea por ineficiencias burocráticas o por insolvencia ética de los servidores públicos, lo cierto es que esta situación ha fortalecido en la sociedad la percepción de que el cumplimiento y aplicación de la ley es algo discrecional y que los contenidos de las normas son objeto de negociación o una vía para concretar intereses particulares”.

Evento atestiguado por el cuerpo diplomático acreditado en México, así como representantes de organismos de derechos humanos extranjeros, que en mucho no sería del agrado de los presentes, más cuando advertiría que “Sin una cultura ética que permee en las instituciones, que haga evidente el compromiso de las autoridades con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, difícilmente podremos fortalecer nuestro Estado de Derecho y se seguirán preservando la corrupción y la impunidad dentro de nuestra realidad nacional”.

Aseveración de que la debilidad de nuestro Estado de Derecho, ha permitido la impunidad y fortalecido la ineficacia administrativa, que las personas advierten y padecen de manera cotidiana, al minarse la confianza en las instituciones y la certidumbre sobre la aplicación de la ley.

Un panorama nada alentador el manifestado por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando subraya que la violencia y las actividades ilícitas generaron fenómenos, tales como el desplazamiento forzado de personas, el ejercicio de la justicia por propia mano y el que se empezara a asumir como parte de nuestra normalidad los homicidios, desapariciones, el recuento de extorsiones, secuestros, robos y otros delitos de los que día a día dieron cuenta los medios de comunicación.

Reiteración de la definición de 2016, como un año en el cual la impunidad, la falta de capacitación, así  como la desidia por parte de las instancias competentes, permitió que subsistieran prácticas tan graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias, lo cual trajo como consecuencia que el acceso a la verdad y a la justicia sigan siendo una mera aspiración para muchas personas, en particular, para los familiares de los miles de desaparecidos que, ante la falta de respuestas por parte de las distintas autoridades, emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos, evidenciando la existencia de un gran número de fosas clandestinas e irregulares, las cuales han delineado una auténtica geografía del dolor y de la indiferencia en nuestro país.

Oportuno llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, para que escuchen y atiendan con sensibilidad, compromiso y de manera integral las denuncias de los familiares de los desaparecidos, sobre posibles hallazgos futuros, de tal forma que las fosas que se ubiquen sean investigadas con conocimientos técnicos y científicos especializados, a efecto de que la verdad lleguen a quienes fueron enterrados en las mismas y a sus familiares.

Evaluación del ombudsman Nacional, de la tragedia que afecta a México y que tiene su raíz principal en la corrupción e impunidad, en la que no podía pasar por alto los atentados cada vez más frecuentes que se cometen a lo largo y ancho del país, en contra de los periodistas y defensores de los derechos humanos, que siguen siendo una ocupación de riesgo en México.

Referencia a los 13 periodistas asesinados en 2016, que constituyen una tendencia preocupante que continúa en 2017, con los tres homicidios registrados en el mes de marzo, mientras que en diversas ocasiones los defensores de los derechos humanos han sido señalados, sin fundamento, como los responsables de que las autoridades no cumplan con sus obligaciones, llegándose al extremo de promover acciones legales para inhibir sus acciones o acallar sus voces.

Alzaría la voz para exigir que las agresiones y crímenes contra periodistas y defensores de los derechos humanos no permanezcan impunes, por lo que en cada caso la CNDH demanda investigaciones prontas exhaustivas e integrales, seguramente considerando que el 98 por ciento de los casos se mantienen impunes.

Especial atención brindaría a la iniciativa Presidencial de elaborar una Ley de Seguridad Interior, que respalde legalmente las actuales tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, al salir de sus cuarteles por orden del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, violando desde hace más de una década, la ley:

“La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado. Es preciso reiterar que la existencia de un marco normativo que regule las tareas que con carácter extraordinario llevan a cabo las Fuerzas Armadas desde hace más de 10 años, respecto a la seguridad de las personas, no implica por sí misma la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia que nuestro país enfrenta”.

Una posición del responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sustentada en que la decisión sobre la conveniencia y necesidad de emitir una Ley de Seguridad Interior, requiere de una discusión amplia, plural, informada e incluyente, en la que se aborde integralmente la situación que enfrenta el país, las consecuencias tanto positivas como negativas que ha ocasionado la actividad de las Fuerzas Armadas, y se escuche a la sociedad, a expertos, a académicos, a quienes han sido víctimas de la violencia o de algún abuso de poder, y a los propios miembros de los institutos armados, a efecto de determinar la mejor hoja de ruta para que nuestro país supere la actual problemática de violencia e inseguridad.

Informe por demás interesante del titular de la CNDH, sobre todo al manifestar su certeza de que la seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil. El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente, ni promoverse que así sea, en clara alusión a la creación de la Ley de Seguridad Interior.

Todo un convencido, González Pérez, de que las Fuerzas Armadas deben volver a las funciones que les son propias, cuando las condiciones del país así lo permitan, pero bajo un programa gradual y verificable.

Recordatorio de lo que se ha olvidado hacer de manera coordinada por parte de los Gobiernos federal, estatales y municipales, en los más de 10 años que las Fuerzas Armadas han salido de sus cuarteles, para realizar tareas de seguridad que corresponden por ley a los civiles:

“La debida formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el abatimiento de la corrupción, la efectiva y real autonomía del Ministerio Público, el combate al tráfico de armas, el replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, la modernización y la replanteamiento de nuestros sistemas de inteligencia, así

como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia, son tan sólo algunas de las cuestiones que se deberían atender para dar una respuesta más eficaz a nuestros problemas de seguridad y justicia”.

Hace mucho que México vive, en determinadas regiones controladas por los distintos bandos de la delincuencia organizada, en colaboración con autoridades civiles y militares corruptas, situaciones en las que la paz y la justicia son inexistentes y por lo mismo nulas las posibilidades de desarrollo de sus comunidades.

El esfuerzo a favor del respeto a los derechos humanos en el país, se magnifica en la CNDH, que se ha convertido en una instancia defensora con demasiadas limitaciones, a la que no siempre se hace caso en sus recomendaciones e incluso las autoridades de todos los niveles bloquean en su desempeño.

Una guerra contra el crimen organizado ya demasiada costosa en vidas para el pueblo de México, que supera fácilmente las 100 mil víctimas, aún cuando se diga oficialmente que se han reducido los homicidios producto de la interrelación de poderosos intereses que hacen de la violencia su principal bandera.

Cierto es que hasta ahora, el costo para el Estado mexicano, de no atender oportunamente los llamados de los organismos de derechos humanos, es muy alto; su prestigio y compromiso a nivel internacional con la causa de la dignidad humana, queda en entredicho. El silencio, la inacción, la indiferencia, propician la impunidad de aquellos que violentaron de manera directa los derechos de las personas. De ahí, la debilidad del Estado de Derecho que no se corrige.

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