Ejidatarios piden cabeza de Adrián Alanís

Ene 25, 2018 / 19:18 pm

Gobierno anuncia impugnación de peritaje

Por Monserrat García

Durango, Dgo.

El conflicto entre ejidatarios afectados por la construcción de la súper carretera Durango-Mazatlán  y el gobierno del estado ha ido en ascenso, después que en abril del año pasado se llegó a un acuerdo entre ambas partes, ahora se acusan mutuamente de corrupción y la administración estatal anuncia que impugnará el resultado del peritaje.

El secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, dio a conocer sus sospechas sobre que del tercer perito se “arregló” con los campesinos para conseguir un mejor precio por las tierras afectadas y a su vez, los ejidatarios acusaron al funcionario de pretender modificar el costo real de las hectáreas, por lo que exigieron su salida de la dependencia.

En este sentido el subsecretario de Gobierno, José Luis López Ibáñez, consideró que los costos que determinó el perito son exorbitantes, por lo que se impugnará ante los juzgados agrarios, esto a pesar que la autoridad estatal había asegurado que se pagaría lo que el peritaje fijara.

Aseveró que mientras el perito se mantuvo en constante comunicación con los campesinos, incluso les dio a conocer los resultados del peritaje antes que la autoridad lo pusiera a la vista de las partes, el gobierno mantuvo su distancia para evitar suspicacias.

En una reunión que sostuvieron los campesinos y la autoridad estatal en la que se pretendía llegar a una conciliación, los ejidatarios y sus abogados ya contaban con toda la información de la valoración, de lo que se desprende la sospecha de que el perito y los ejidatarios están coludidos.

“Vamos a estar presentando la impugnación de este peritaje porque consideramos que hay muchas irregularidades y muchas inconsistencias”. El perito valúa 68 hectáreas cuando solo se afectaron 50 y no precisa el lugar.

Hace una comparación de precios con los ejidos Victoria, El Salto y El Brillante, pero esos tienen aprovechamiento forestal, incluso se ubican en los primeros lugares en toda la república, mientras que Otinapa en los últimos 15 años no ha tenido ningún aprovechamiento, aseguró el funcionario.

Afirmó que a pesar de este descuerdo el gobierno del estado quiere pagar lo justo, por lo que se solicitará una junta de peritaje para que se discuta el resultado de esta valoración.

“Nosotros hemos estado siempre abiertos al diálogo”, se les ofreció a los ejidatarios pagarles dos o tres veces más de lo que comercialmente cuestan las tierras, es decir 100 mil pesos por hectárea y no aceptaron porque quieren 300 mil, a pesar de que los precios varían en 40 mil a 60 mil pesos, por lo que se esperará a que se emita una sentencia.

ADEUDO DATA DE 12 AÑOS

Este problema data ya de hace 12 años cuando inició la construcción de la súper carretera Durango-Mazatlán.

El tercer perito valoró que el gobierno adeuda al ejido Otinapa 14.5 millones de pesos, por 50 hectáreas.

Los campesinos la consideran una cantidad válida, pero también negociable, por lo que solicitaron a las autoridades voltear a verlos y entender que lo único que piden es justicia

Asimismo piden a José Rosas Aispuro Torres, gobernador del estado, la destitución del secretario de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, derivado de sus declaraciones.

“Nos está acusando que no somos campesinos y que ni ejidatarios somos, que somos estafadores, corruptos y vividores”.

Finalmente anunciaron que de no lograr llegar a un acuerdo, este viernes estarán marchando hacia esta ciudad para exigir el pago de 93 millones para los cinco ejidos afectados.

 

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