El caso Cholula y la descomposición del INAH

Abr 7, 2018 / 11:59 am

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO.

Como un verdadero “calvario” califica el arqueólogo Reynaldo Lemus Nieto la tarea de conseguir un par de arqueólogos peritos que colaboren para un dictamen de los daños ocasionados a la Zona Arqueológica de Cholula, Puebla.

Daños por las obras realizadas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle para la construcción del Parque de las Siete Culturas y un distribuidor vial.

De ese peritaje dependerá el que la autoridad ejerza o no una acción penal contra los responsables.

Es Lemus Nieto quien cuenta la historia completa a este semanario, que arranca con la denuncia de hechos interpuesta por él en octubre de 2015 (1373/UEIDAPLE/LE/1/2015) ante la Procuraduría General de la República (PGR), por distintas afectaciones al patrimonio arqueológico del país en proyectos como los museos del chocolate en Uxmal y Chichén Itzá, Yucatán; un museo en la pirámide de Tzintzuntzan, Michoacán; una carretera por la cual se destruyó Tlaltizapán, en Morelos; y la construcción del Parque de las Siete Culturas y una vialidad en San Andrés Cholula.

En el documento, dirigido a la entonces procuradora Arely Gómez González, destaca que las acciones fueron cometidas “por personajes insertos en los ámbitos empresariales internacionales y de la administración federal y estatal”, por lo cual el agravio puede ser catalogado como de “alto perfil”.

A diferencia de otras denuncias que con el mismo motivo han presentado investigadores y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) contra “quien o quienes resulten responsables”, el arqueólogo –que se presenta a sí mismo como autónomo por no laborar en dicha institución, aunque ha trabajado en diversos proyectos–, señala con nombres y apellidos a los probables responsables:

Menciona a los ciudadanos de origen belga Mathieu Michel Claude Brees y Eddy Van Belle, dueños de la empresa Belcolade y promotores del Choco Story Chichen Museo; a Alfonso de Maria y Campos, director del INAH en la pasada administración; a la entonces directora María Teresa Franco; a Alma Rosa Cienfuegos Domínguez, del Centro INAH Morelos; al presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias; y en una ampliación de su denuncia, al exgobernador Moreno Valle.

El investigador explica que incluye a los funcionarios y exfuncionarios porque mientras a nivel mundial hay una condena generalizada a la destrucción del patrimonio cultural del Medio Oriente por parte del Estado Islámico, en México “las autoridades estatales y la iniciativa privada, con la complacencia de las autoridades federales encargadas de la guarda y custodia de dicho patrimonio, destruyen el patrimonio arqueológico e histórico, no con bombas sino con maquinaria de construcción”, y se violan las leyes en la materia.

En la entrevista Lemus Nieto explica que metió los diferentes casos en una sola denuncia, pero al ver que el asunto de Cholula se agravaba decidió concentrarse en él.

Sin embargo, a mediados del año pasado otro problema saltó: El cambio de sede del Archivo Técnico de Arqueología del INAH, en el cual se resguardan los informes de trabajo de más de un siglo de investigaciones arqueológicas (incluías fotografías y dibujos) de expertos en diversas disciplinas, entre otros Gonzalo Aguirre Beltrán, Alfonso Caso, Beatriz Barba, Franz Blom, Ignacio Bernal, Miguel Covarrubias, Manuel del Castillo, Gertrude Duby, Manuel Gamio, Marte R. Gómez, Ignacio Marquina y Pablo Martínez del Río.

Egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y coautor con Julieta Ramos Mariano del ensayo “La historia tolteca chichimeca, como base para una correlación histórica e iconológica, con los elementos arqueológicos de las piedras de Tizoc y del Arzobispado”, Lemus decidió también emprender acciones sobre el tema.

Triste historia

El arqueólogo desea “ser claro” en el sentido de que la PGR ha tenido disposición y está trabajando en la denuncia por el caso Cholula, en cambio las autoridades de la Secretaría de Cultura (SC) y del INAH no han mostrado mayor atención. Y es la falta de dos peritos lo que ha retrasado el proceso jurídico.

Explica que las autoridades de la Procuraduría rechazan la idea de que sean profesionales del INAH quienes realicen el peritaje ante el riesgo de que no sean imparciales, pues ya ocurrió durante la realización de los trabajos en 2015, cuando dos arqueólogos del instituto dictaminaron que no había destrucción del contexto arqueológico porque las obras se estaban haciendo en la superficie, y eso, recalca, “es mentira”.

A decir suyo el Ministerio Público actuó de manera muy laxa, porque si hubiera conocido bien las leyes Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y General de Bienes Nacionales, así como el decreto presidencial de 1993 que declara zona de monumentos arqueológicos a Cholula, no se habría permitido intervención alguna.

“Ahí no se permite ni salvamento ni rescate arqueológico, si uno va a entrar a trabajar en ese lugar debe ser con un proyecto arqueológico de investigación. Pero no hicieron caso y violaron todas las leyes, tanto el INAH de Puebla como aquí, no aplicaron la reglamentación.”

El 3 abril de 2015, la corresponsal de Proceso en Puebla, Gabriela Hernández, consignó en estas páginas las contradicciones del INAH, pues mientras el arquitecto Arturo Balandrano Campos, coordinador nacional de Monumentos Históricos, reconoció que no existía proyecto ejecutivo, ni solicitud de permisos para las obras por parte del gobierno poblano, el director del INAH Puebla, Francisco Ortiz Pedraza, informaba que se autorizarían las obras y calificaba a los opositores de tener posturas “puristas”, cuando “nos guste o no” cada época “deja su marca en el patrimonio edificado”.

Mediante un escrito con más de 2 mil 500 firmas, quienes se inconformaron opositores pidieron la destitución de la entonces directora del INAH, Teresa Franco, de Ortiz Pedraza, y de los coordinadores de las secciones de Monumentos, Jorge Salgado Tlahuis, y de Arqueología, Eduardo Merlo, por “incumplir su función de preservar el patrimonio cultural”.

–¿La PGR no debería conseguir los peritos para que sean neutrales?

–Hasta donde sé los debe aportar el demandante. Por ley el peritaje debería hacerlo el INAH, me imagino que el MP envía un oficio y el instituto asigna los peritos, el miedo es que mande gente ad hoc porque el arqueólogo hace lo que le ordena el jefe. No sé por qué no se niegan a llevar a cabo tonterías.

Expresa que los arqueólogos deberían estar conscientes de que en determinado momento incurren en un delito federal, y negarse simplemente por cuidarse ellos mismos, ya que ponen en riesgo su prestigio profesional, su carrera y hasta su libertad. Y añade, en un documento enviado a Sinuhé Márquez Armenta, secretario particular de la titular de la SC, que cuando los arqueólogos se niegan las autoridades responden: “por eso me gusta hablar con los jefes, no con los gatos”. Y el trabajo se hace “sin importar nuestra posición como especialistas o peritos en el tema”.

Dice que episodios así se dan no sólo en Cholula, sino en Chichén Itzá, Uxmal, Tzintzuntzan y otras zonas, “donde se nos obliga a los arqueólogos a hacer cosas antiéticas, y todo para hacer obras en las que supuestamente haya modernización y avances para la sociedad. Ellos argumentan ‘para qué queremos esas piedras viejas, no están dejando nada, es mejor promover la privatización de esos terrenos para conseguir un dinero’.

“Mi argumento en contra de ellos es que sus obras en Cholula o en cualquier otro lado no duran más de cincuenta años, en cambio puedo garantizar que en Cholula vamos a tener entradas económicas durante miles de años. Trabajando la zona arqueológica en vez de destruirla o privatizarla, tendríamos recursos garantizados por miles de años. Cholula tiene más de tres mil años y sigue generando más divisas que los hoteles que operan esas gentes.”

–¿Y por qué no lo hace el INAH?

–¡Está corrompido el INAH!

Recuerda que antes de asumir una segunda administración al frente del instituto, Teresa Franco fue colaboradora del gobierno de Moreno Valle, luego regresa al INAH y es cuando se le abre el paso a todas las obras del gobernador, “y en ese proyecto en el cual se gastaron más de mil millones de pesos, no se gastó ni uno solo en una investigación arqueológica, hace más de cincuenta años que no se hace investigación, se han hecho rescates, pero no un estudio en forma”.

Lemus considera que las cosas pueden hacerse de otra manera, pero los arqueólogos deben contar con el respaldo de las autoridades del INAH. Y menciona como prueba cuando los trabajadores e investigadores del instituto lograron detener la Línea 8 del Metro, que se construiría en el Centro Histórico:

“Si lograron parar al gobierno federal, por qué no parar a un gobierno estatal. Es porque las autoridades están corrompidas y al servicio del mejor postor.”

Así se lo expresa también mediante un escrito, fechado el 21 de diciembre de 2017, al coordinador nacional de Arqueología del INAH, Pedro Francisco Sánchez Nava.

Lamenta que en el caso de Cholula todo el mundo se haya metido a defenderla: cineastas, antropólogos, arqueólogos y la gente en general, pero cuando él pidió apoyo para entablar su denuncia, no lo respaldaron. Y hasta el momento ningún arqueólogo ha aceptado ayudarlo con el peritaje.

Despilfarro y desdén

Y mientras Lemus Nieto sigue al pendiente del curso de su denuncia por Cholula, comenzó a ocuparse también del cambio de sede del Archivo Técnico de Arqueología, que se encontraba en el Palacio del Marqués del Apartado en el Centro Histórico, a un galerón en la avenida Revolución, en San Ángel.

En una carta de fecha 23 de enero de este año, dirigida a Jorge Salvador Gutiérrez Vázquez, subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la SC, el arqueólogo le expone que ha presentado a diversas autoridades escritos para advertir de las condiciones “deplorables, indignas y lesivas” del archivo, pero nunca han sido atendidas sus objeciones:

“Su oficio de respuesta viene a corroborar mi dicho; que son ustedes como autoridades superiores de cultura, las que con sus acciones ponen en peligro este archivo, al no proporcionar un repositorio que cumpla con los lineamientos técnicos mínimos.”

Él ha propuesto que dicho acervo sea trasladado a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en donde podría terminarse un edificio que por ahora está en obra negra y dotarlo de las medidas necesarias de climatización y seguridad para la conservación de los documentos históricos.

Se basa en que hay “por lo menos” 120 millones de pesos que el INAH se ha ahorrado de los meses de septiembre a la fecha, debido a no haber pagado renta por el edificio Aristos, que era su sede y debió dejar por los daños de los sismos, pero –dice en su carta– “ha llegado a tanto el desprecio por el Archivo Técnico” que se le habían asignado 10 mil pesos para la mudanza, cuando se gastaron 552 mil pesos en una encuesta encargada a la Fundación Este País, A. C. sobre las actividades sustantivas de difusión del instituto.

Según el arqueólogo, el Archivo Técnico se desalojó para que en el Palacio del Marqués del Apartado se habilite un “Museo de Museos de la Ciudad de los Museos”, cuya propuesta –añade– es una idea de la titular de Cultura, María Cristina García Cepeda. Y se están llevando a cabo las obras de intervención para ese propósito.

El documento describe las especificaciones técnicas que debería tener el archivo para su conservación, que además de ser uno de los más importantes en materia de arqueología –que no tienen universidades como la de Harvard o instituciones como el Peabody Museum, destaca en entrevista–, cuenta por ejemplo con los archivos personales de César Lizardi Ramos y Florencia Müller.

Expresa pesar por el estado de descomposición en el cual, considera, se encuentra el INAH. Así lo señala también en su carta al subsecretario:

“…en espera de su oportuna y rápida intervención, para detener el escalamiento de este y otros problemas que afectan al patrimonio nacional y devolver la integridad y dignidad al INAH, ya que los anteriores Directores Generales, han dejado a este instituto en la nada agradable función de ser un peón de lujo del turismo, olvidando su mandamiento de ser una institución que investigue y proteja el legado bajo su competencia.”

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