A 30 meses después de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el Estado mexicano mantiene “la verdad” histórica. El fiscal especial del caso Ayotzinapa Alfredo Higuera Bernal, la subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías Guerra, y el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián viajaron a Washington, desde donde manifestaron pocos resultados en el desarrollo de otras hipótesis de investigación sobre el caso Ayotzinapa.

En una audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrían, dijo a los padres de los 43 normalistas que si bien están abiertos a abrir otras líneas, la hipótesis del Estado era a la fecha la única consolidada.

Campa hizo alusión a la intervención previa de Joaquina García Velázquez, madre del normalista Martín Sánchez García.

“Inventaron la verdad histórica en enero del 2015, fue un dolor duro soportar eso, diciendo que los hijos habían sido calcinados y sus cenizas tiradas en el río San Juan. ¿Qué esperamos? Lo que queremos es saber dónde están nuestros hijos. Esa ha sido nuestra lucha”, dijo la madre.

Puesto que la controvertida posición de Campa fue hecha al final de la sesión, la Relatora de la CIDH para México Esmeralda Arosemena de Troitiño decidió concluir la audiencia.

Ante esta situación el asesor legal de las familias Mario Patrón interrumpió al funcionario para hacerle saber que su posición estaba rechazando las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH; las cuales mandaron a abrir otra gama de hipótesis.

El Comisionado de la CIDH Paulo Vannuchi preguntó directamente a los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) por qué no se había dado con el paradero de los jóvenes, y en cambio sí se contó con la tecnología para atrapar al capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“ Por qué no fijamos ese plazo [de cumplimiento de las recomendaciones del GIEI] para que antes de completar tres años [en septiembre 2017], con la misma eficacia que se capturó al Chapo Guzmán; así no dejar pasar más de tres años”, dijo Vanuchi.

De no ser aceptada, la propuesta el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH al caso culminará en noviembre de este año, con posibilidad de renovar el plazo si las partes involucradas aceptan.

“Los hechos hablan por sí mismos. A más de dos años no hay el más mínimo indicio del paradero [de los jóvenes]. Una realidad insoslayable”, dijo Vidulfo Rosales, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

Santiago Aguirre, quien trabaja junto con Patrón en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), recordó que las líneas de investigación mandadas por los expertos independientes siguen pendientes.

Éstas incluyen la aprehensión de posibles policías involucrados del municipio de Huitzuco, la indagatoria sobre el trasiego internacional de estupefacientes a través de buses de pasajeros entre Guerrero y los Estados Unidos, la conclusión del análisis de las sabanas de llamadas telefónicas de presuntos involucrados; y esclarecer la participación de presuntos perpetradores con alias “El Caminante” y “El Patrón”.

Asimismo, Gutiérrez recordó que los estudiantes agredidos no han terminado de ser rehabilitados, pese a ser disposición del GIEI: “Aldo Gutiérrez Solano hasta el día de hoy está
en estado vegetativo, y que sigue esperando la ruta que le permita volver al ámbito doméstico”.

Recién la PGR ha accedido a ampliar la búsqueda con tecnología del paradero de los jóvenes ya no a un kilómetro cuadrado, sino a 60 kilómetros.

“Somos la voz de otros padres de la república mexicana para este Estado mentiroso, corrupto, al que le es más importante cubrir a sus funcionarios públicos que hacer una investigación adecuada para encontrar a nuestros muchachos”, dijo Mario César Gonzáles Contreras, padre del estudiante César González Hernández.

Pese a que los padres de familia apuntaron que no se han cumplido las recomendaciones del GIEI, la versión de la PGR es que hay un avance del 94 por ciento.

“Aquí van a decir que el 96 por ciento de las líneas están concluidas, de las cuales los 43 padres de familia no sabemos ni dos pruebas, no nos han mostrado dos pruebas que sean contundentes del supuesto porcentaje investigado”, reclamó González.

Los comisionados de la CIDH reiteraron en varias oportunidades durante la audiencia su compromiso para que continuar con los trabajos del Mecanismo de Seguimiento sobre este caso.

El Comisionado argentino James L. Cavallaro cuestionó a los representantes del Gobierno mexicano sobre las investigaciones realizadas sobre las presuntas presiones recibidas por el Visitador General de la PGR César Alejandro Chávez Flores. Sólo fue respondido por el silencio.

Declaraciones de Chávez, en el programa de Aristegui Noticias, fueron presentadas como prueba durante la audiencia de la CIDH de que hubo ilegalidades cometidas dentro de la investigación del caso Ayotzinapa.

En el video Flores Chávez explica que renunció debido a presiones recibidas para alterar su trabajo.

“Yo sostengo que muchos de las detenciones fueron ilegales y arbitrarias. Y ante una coyuntura de reconsiderar lo que estaba yo planteando, pues yo y preferí hacer lo que mi conciencia me dicta [renunciar]”, dijo Flores a Aristegui.

“Establecí que las irregularidades que yo detecté eran responsabilidades administrativas graves. Porque la instancia en la que se estaba actuando era un expediente administrativo”, agregó el ex Visitador.

Flores aseguró que cuando las presiones sobre estas irregularidades administrativas vienen de un funcionario de alta jerarquía se pueden traducir estas anomalías en una sanción penal.

Cavallaro también preguntó a los funcionarios mexicanos sobre mayor información sobre el hecho de que 77 por ciento de los 128 detenidos por el caso Ayotzinapa manifestó lesiones corporales; pero las autoridades omitieron dar esta respuesta en sus intervenciones.