Hartazgo e indefensión nacional por Mario Ruiz Redondo

Feb 21, 2017 / 14:22 pm

La mayoría de los 120 millones de mexicanos está en el límite de su paciencia por el enojo social prevaleciente, ante tanto político que desde siempre, no cumple sus compromisos, menos sus obligaciones y sí, en cambio, abusa cada vez más del poder omnímodo.

Disgusto, porque cualquier hijo de vecino inmigrante desquiciado abre la boca y nuestra economía tiembla, y el país se desestabiliza por la voluntad ajena que no solamente avasalla, sino que humilla ante la pasividad de una clase gobernante sumisa y entreguista.

Hay coraje por la cada vez más escandalosa, cínica e impune corrupción del binomio gubernamental y privado nacional e internacional, que con la culminación de Reformas Estructurales en materia Energética despoja a toda una nación de sus riquezas petroleras para beneficio de las potencias extranjeras, que pronto convertirán al trabajador nacional en esclavo.

Impotencia por la existencia de leyes a modo, que no se aplican a los poderosos y sí a los más débiles. Por el montaje de farsas espectaculares que finalmente se convierten en llamaradas de petate, en la que ningún corrupto es castigado e incluso premiado con cargos diplomáticos.

Por el encarcelamiento permanente e injusto de indígenas, que por su ignorancia y marginación social no pueden defenderse, al negárseles el derecho constitucional a un abogado y traductor, que por lo menos le diga de que se le acusa, purgando en consecuencia condenas injustas.

Que en nombre de una guerra contra el narcotráfico que dura ya 11 años, que no se consultó en lo más mínimo al pueblo y que por lo mismo no autorizó contra el narcotráfico, hayan muerto más de 100 mil mexicanos, muchos de ellos inocentes, sin lograr abatir el trasiego de estupefacientes a los Estados Unidos, como tampoco la violencia e inseguridad, que a pesar delo que se diga oficialmente, continúa elevando la cifra de víctimas mortales.

Desamparo por el crecimiento alarmante de la demanda interna de estupefacientes, bajo la protección y auspicio de autoridades de todos los niveles en todo el territorio nacional, que ha repercutido en pugnas radicales entre los cárteles, por la expansión y control de espacios de distribución y consumo que llega a centros de educación superior, media y hasta niños de escuelas primarias.

Enojo, en cuanto al hecho de que transcurrida más de una década, las Fuerzas Armadas no sean regresadas por su Comandante Supremo, el Presidente de la República, a sus cuarteles y se mantengan en las calles haciendo labores que por ley corresponden a los civiles.

Más aún el malestar, cuando se sabe que su presencia fuera de las instalaciones militares ha estado al margen de la Carta Magna, por lo que en lugar de crear en ese lapso de tiempo Corporaciones Policíacas civiles, profesionales, con armas adecuadas y sobre todo con salarios que eviten en lo posible tentaciones de la delincuencia organizada, se insiste hoy desde los altos mandos castrenses en la necesidad de crear una Ley de Seguridad Interior, que legalice la sustitución que hacen de los cuerpos policíacos establecidos por el marco legal constitucional.

Irritación, porque simplemente porque al entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se le ocurrió sacar de los cuarteles a soldados y marinos, para hacer de las ciudades y el medio rural lugares de batallas encarnizadas contra los cárteles de las drogas, incurriendo en muchos casos en violaciones a los derechos humanos cometidos en perjuicio de la población civil, que por no parar en un retén donde no se sabían si se trababa de autoridades o sicarios, eran víctimas de las balas oficiales. Como se ha documentado con el paso del tiempo.

Enfado ante la cerrazón de las Fuerzas Armadas demostrada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en diversos casos de supuestas violaciones a los derechos ciudadanos, como en Tlatlaya, estado de México, donde elementos castrenses dieron muerte mediante ejecución masiva, a más de 20 personas, presuntamente integrantes de una banda de secuestradores, que en su momento fue denunciada por una sobreviviente.

Disgusto con las versiones de que en algunos de los enfrentamientos con los sicarios y sus cabecillas, se argumentaba que éstos llegaban a poseer armas superiores a las de los militares, y ahora se sabe que no ha sido así, pues en el período 2011-2015, la compra de armamento moderno y sofisticado por parte del gobierno mexicano para sus Fuerzas Armadas creció 331 por ciento comparado con el de 2006-2011, mientras en el resto de América latina, como en Venezuela y Colombia, las adquisiciones descendieron en 18 por ciento.

Los mexicanos están hartos de que sus autoridades federales los traten como retrasados mentales para justificar su incapacidad y encubrimiento de la corrupción de sexenios anteriores, como ahora ocurre con los “gasolinazos” que contradicen gravemente las promesas gubernamentales de gasolinas, diesel, gas y electricidad baratas.

Repudio a una clase gobernante que sigue montada en su macho de que las medidas de incremento a los combustibles, “son dolorosas, pero necesarias”, ya que de no hacerse obligarían a la cancelación de importantes programas sociales, incluido el combate a la pobreza.

Descontento cuando el Gobierno federal reitera que los “ajustes” a los precios de los energéticos no son inflacionarios, mientras la realidad dice lo contrario, al aumentar todo tipo de alimentos y servicios como el de transporte, ropa, colegiaturas,

Furia porque sus “representantes populares”, diputados federales y locales, así como senadores, además de partidos políticos, no han sido capaces de poner un alto a las iniciativas Presidenciales, que al ser aprobadas mediante el generoso “maiceo” correspondiente, ponen en riesgo la soberanía e independencia nacional.

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