Incorporan a leyes toque ciudadano

Ene 8, 2018 / 11:19 am

Una cuarta parte de las normas creadas desde 2012 ha incluido propuestas de académicos y activistas; la relación legisladores-sociedad civil empezó en 1994

Ciudad de México.

Aunque por momentos ríspida, la relación entre el Congreso de la Unión y organizaciones de la sociedad civil ha permitido que cerca de la cuarta parte de las reformas y leyes producidas desde 2012 tenga la huella de académicos, expertos, activistas y otros personajes interesados en los temas que procesan los legisladores federales.

Dominados por el PRI, hasta hace unos años, el Senado y la Cámara de Diputados se sujetaban a las disposiciones del Ejecutivo federal y validaban, sin discusión alguna, las reformas enviadas por él.

Sin embargo, los vínculos entre el Legislativo y los ciudadanos para crear y modificar normas comenzaron en diciembre de 1994 con la reforma al Poder Judicial de la Federación y se reforzaron en 2012, cuando el Senado convirtió 90% de las propuestas de la sociedad civil en la primera Ley General de Víctimas.

Entre los ordenamientos que se han concretado durante los últimos años, gracias a la participación ciudadana y de expertos, están la reforma al sistema de justicia penal, la primera ley contra la trata de personas y la reforma que permitió el uso de la mariguana medicinal, entre otras.

 

ANTES SÓLO ERAN ATENDIDAS LAS VOCES DE LOS LEGISLADORES

CIUDADANOS TEJEN  LEYES

 

Con episodios que llegaron a la confrontación y el acoso hacia los legisladores federales, la relación entre el Congreso de la Unión y la sociedad activa en asuntos públicos, especialistas y académicos permitió que cerca de la cuarta parte de las reformas y leyes producidas desde 2012 tenga la huella de ciudadanos interesados en los temas que procesa el Poder Legislativo.

La relación productiva entre el Poder Legislativo y los ciudadanos para la construcción de leyes y reformas comenzó a escribirse en diciembre de 1994, en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación; tuvo su máxima expresión en 2012, cuando el Senado avaló 90% de las propuestas de ciudadanos y las transformó en la primera Ley General de Víctimas.

PUNTO DE QUIEBRE

 

Pero esta relación creciente y productiva tuvo dos momentos de quiebre en 2017: uno, cuando un conglomerado de activistas agrupados en #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva ordenó a los legisladores federales aprobar un “dictamen” elaborado por ellos en torno a la nueva Fiscalía General de la República; y el segundo, cuando otros conglomerado de activistas, agrupados en #SeguridadSinGuerra, emprendió la estrategia de enviar centenares de correos electrónicos a los legisladores federales para exigirles que no aprobaran la Ley de Seguridad Interior, lo que fue considerado por los legisladores como acoso.

Y en esta historia de 23 años ha sido evidente que es el Senado, más que la Cámara de Diputados, la cámara del Congreso de la Unión que se caracteriza por abrir los temas al debate de los grupos interesados, o al menos convoca a foros y audiencias para conocer los diferentes puntos de vista en temas que incluso han tenido que frenarse o prolongarse; como le ocurrió a la Ley General de Archivos, que ya estaba a punto de ser aprobada cuando los especialistas de la UNAM, de la Red Nacional de Archivos de las Instituciones de Educación Superior, Fundar y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias pidieron una prórroga, la cual lograron, y un año después se aprobó por unanimidad en el Senado y ahora está a la espera del aval de los diputados.

Dominado por una mayoría absoluta de los priistas, el Congreso se sujetaba a las disposiciones del Ejecutivo federal y validaba, sin discusión alguna, las reformas enviadas por él.

Fue en 1977 cuando el Congreso de la Unión procesó un tema que interesó a muchos sectores políticos. La Reforma Política propuesta por José López Portillo, con Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación, fue uno de los temas que sumó opiniones diversas. Sin embargo, el dominio de la mayoría priista dejaba las decisiones en manos de la voluntad del gobierno y sus legisladores federales.

APLANADORA TRICOLOR

 

Pero fue esa reforma la que permitió que la pluralidad política llegara al Congreso de la Unión y desde tribuna se escucharan las voces discordantes con las propuestas presidenciales, aunque eran insuficientes para vencer con el voto la voluntad de la mayoría. “La aplanadora priista” fue el apodo que la oposición de izquierda y derecha indilgó a la mayoría priista, que dominó al Poder Legislativo federal hasta 1997, cuando la oposición sumó sus fracciones para integrar una mayoría opositora, por primera vez.

Entre 1977 y 1994, el Congreso de la Unión proceso reformas constitucionales y leyes que tuvieron la mayoría absoluta del PRI, incluso en temas polémicos que se debatieron fuera de las sedes legislativas, entre grupos de académicos de universidades públicas principalmente, pero que tenían poco impacto en la decisión de los legisladores, como ocurrió con las reformas constitucionales que terminaron con el reparto masivo de tierras y modificó la relación entre la Iglesia y el Estado, así como la serie de privatizaciones de empresas paraestatales.

De acuerdo con la revisión hecha por Excélsior a los dictámenes de las principales reformas procesadas en el Congreso desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que realizó cambios a 34 artículos constitucionales, los legisladores federales no abrían audiencias públicas o foros; sólo se consigna en los documentos legislativos que debatían entre ellos, porque son ellos los únicos que tienen la representatividad constitucional del voto ciudadano.

LA NUEVA ERA

 

Pero fue en el gobierno de Ernesto Zedillo cuando los senadores abrieron la nueva etapa de escuchar a los ciudadanos. En el dictamen aprobado por el Senado el 16 de diciembre de 1994, las comisiones informan que abrieron una consulta con especialistas en Durango, realizado el 14 de diciembre, pero además, tomaron en cuenta las propuestas enviadas por los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que lograron a partir de un foro que congregó a los principales constitucionalistas del país.

Así, esa reforma es la primera que deja constancia en un dictamen que se tomó en cuenta opiniones fuera de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Pasaron 23 años desde entonces. La mayoría priista se mantuvo con la aplanadora como fuerza legislativa y logró decisiones que todavía generan críticas, como el aumento del IVA de 10% a 15%, en marzo de 1995, en medio de la crítica de la oposición; o la aprobación para el uso del Fobaproa —creado en 1990— para que el Estado absorbiera la deuda de los clientes de los bancos y evitar así su quiebra.

El dominio de la oposición a partir de 1997 generó que las decisiones legislativas ya no fueran tan sencillas. Ernesto Zedillo, por ejemplo, nunca pudo concretar su reforma eléctrica; Vicente Fox y Felipe Calderón se confrontaron con el Poder Legislativo por frenarles iniciativas.

Pero mientras el Congreso de la Unión polemizó con el Ejecutivo federal, se abrió cada vez más a la participación de grupos sociales.

Fueron las Legislaturas LX y LXI en el Senado las que marcaron esta nueva característica del Poder Legislativo, pues si bien en las 508 leyes y reformas que aprobó hubo cabildeo del Ejecutivo y de grupos de interés, en 25 de ellas hubo foros y audiencias públicas, que mostraron momentos de alta tensión, como cuando pretendieron frenar parte de la Reforma Electoral que prohibió la compra de espacios en radio y televisión para la propaganda de los partidos políticos; entre quienes se reunieron en esos históricos diálogos públicos de septiembre de 2007 estuvieron representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

Sin duda que una de las primeras decisiones del Senado que tuvieron la apertura hacia los especialistas fue la reforma al sistema de justicia penal, que dio origen a los juicios orales, entre otras características de este nuevo sistema; en ella participaron integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del ITAM y del CIDE.

Las pensiones del ISSSTE, el narcomenudeo, el combate contra la explotación sexual infantil, la reforma fiscal de Felipe Calderón, la primera Ley contra la Trata de Personas, el Fomento a la Lectura y el Libro, reformas a la Ley de Migración, la Extinción de Dominio; la Ley General de la Policía Federal; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley para el Control del Tabaco; la Justicia para Adolescentes, la Ley de Amparo, las Acciones Colectivas, la Libertad Religiosa, y la reforma integral en materia de derechos humanos, Ley General de Turismo y la Ley para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas fueron algunas de las consultadas con especialistas, académicos y activistas.

LAS MÁS SIGNIFICATIVAS

 

Pero tres fueron altamente significativas, porque los senadores de entonces aceptaron por primera vez sugerencias de textos.

Una fue la reforma petrolera del 2008, conducida por el senador Francisco Labastida Ochoa, que abrió un mes de discusión con decenas de especialistas, políticos, exfuncionarios del sector, activistas, técnicos, exlegisladores y legisladores y que dio origen a la primera gran reforma del entonces intocable sector energético, en su arista petrolera.

La segunda fue la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, porque en ella participaron por primera vez las organizaciones ciudadanas. Esta reportera fue testigo de cómo los entonces senadores del PRI, Jesús Murillo; del PAN, Alejandro González Alcocer; del PRD, Tomas Torres, se reunieron con Alejandro Martí e Isabel Miranda, primero para la reforma que obligó al registro de todos los dueños de teléfonos celulares y a su geolocalización, y después para crear la ley contra el secuestro, donde también participaron otras organizaciones sociales.

Y la tercera fue la Ley General de Víctimas, creada en el Senado, al transformar las propuestas concretas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, en un dictamen, luego de cuatro reuniones altamente ríspidas entre las víctimas del delito y los legisladores federales; la primera de ellas incluso llegó a los gritos por parte de los familiares de las víctimas.

Pero, sin duda alguna, son los actuales senadores quienes han abierto más la sede del Poder Legislativo a la opinión de los ciudadanos.

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