Indemnización a ejidatarios, conforme a la ley

Abr 7, 2017 / 23:27 pm

Durango, Dgo.

 

Reitera Gobierno del Estado su llamado al diálogo

 

 

  • Se atenderá el valor del avalúo que se determine dentro del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Unitario Agrario,
  • El ejido ha recibido $893 mil pesos a cuenta de indemnización de sus terrenos
  • La realización de acciones que afecten el paso por la carretera, representan comisión de delitos del orden federal
  • El Gobierno del Estado no permitirá que se violente el Estado de Derecho

 

En Durango prevalece el Estado de Derecho, por lo que será conforme a lo que establece la ley que se realizará el pago correspondiente al Ejido “Estación Otinapa y San Carlos”, manifestó el Secretario General de Gobierno, Arq. Adrián Alanís Quiñones con relación a la inquietud de los ejidatarios, a quienes exhortó a que las peticiones se realicen por la vía legal.

 

Señaló que la propuesta del Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno, es formalizar el compromiso de respetar los avalúos que se generen en el juicio agrario que tienen promovido ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 7 en la ciudad de Durango, Dgo., que arrojarán los montos económicos a pagar a los ejidatarios por la ocupación de las tierras ejidales.

 

Reiteró que si así lo determinan las autoridades agrarias, el Gobierno del Estado no se negará a realizar los pagos correspondientes que resulten de este juicio, dentro del marco establecido por la propia legislación

 

El ejido “Estación Otinapa y San Carlos” es parte de los doce ejidos afectados por el trazo de la supercarretera Durango-Mazatlán y cuya solicitud de expropiación fue promovida por el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

 

El ejido cuenta con decreto expropiatorio de una superficie de 49 hectáreas de terreno forestal, estableciendo el monto indemnizatorio de 418 mil 768 pesos, asignando como valor unitario de ocho mil 380 pesos por hectárea, cantidad ya depositada por el Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2017, ante el FIFONAFE.

 

El núcleo agrario de referencia ha recibido a la fecha la cantidad de 893 mil pesos a cuenta de la indemnización de sus terrenos ejidales, pago de bienes distintos a la tierra, así como la constitución de un salón de usos múltiples, estando pendiente de recibir la cantidad depositada en FIFONAFE, e independientemente de la cantidad que les fue cubierta por los mencionados bienes distintos de la tierra, la cantidad recibida aumentará al conocer el valor de la venta del volumen de la trocería que se les concedió también aprovecharan.

 

En la reunión del 13 de marzo de este año, entre el Comisariado Ejidal y la Secretaría General de Gobierno, con respecto al pago los ejidatarios propusieron el pago de 13 millones de pesos, por motivo de la expropiación del derecho de vía, al señalar que según estudios de la CONAFOR, cada hectárea cuenta aproximadamente 400 pinos y que cada pino se vende en mil pesos, mismos que tienen que ser tumbados por el contratista.

 

Existe ya demanda promovida en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante el Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta capital, en el que el Gobierno del Estado también será llamado a juicio, en el desahogo procedimental, ha lugar para un convenio de arreglo o negociación entre las partes, que finalmente se eleva a categoría de sentencia o cosa juzgada.

 

En caso de aprobarse una posible negociación, se sugiere aceptar que la clasificación correcta de la superficie afectada es forestal, y al aplicar el avalúo maestro del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) de 22 mil pesos por hectárea e investigar si existen daños colaterales que puedan subsanarse a través de programas, además de proponer un proyecto productivo aplicable a la región, en busca de obtener mayores recursos económicos, independientemente de gestionar apoyo económico extraordinario de la SCT.

 

Por lo anterior, no se justifica la amenaza de toma de casetas por parte de los habitantes de los ejidos: El Pino, Cieneguita, Garabitos, Valentín Gómez Farías, La Tinaja y Navajas para tener un frente común y exigir la indemnización, ya que no hay un documento oficial que obligue a realizar un pago diferente al establecido.

 

Ya se han establecido puentes de comunicación con el Comisariado Ejidal de “Estación Otinapa y San Carlos”, y se han sostenido reuniones para avanzar en la solución del problema, por lo que el Gobierno del Estado lamenta la negativa a dialogar que emprendieron los ejidatarios al pretender acciones que pueden ser comisión de delitos del orden federal, que representan las afectaciones a las vías generales de comunicación, al pretender tomar las casetas de la supercarretera Durango-Mazatlán aprovechando el periodo vacacional de Semana Santa.

 

Esto representa la comisión de delitos de orden federal, que en lugar de contribuir a la solución, afectan el desarrollo del proceso, de ahí que también, la Delegación de la Procuraduría Agraria (PA) se ha sumado al llamado al diálogo con el Gobierno del Estado como elemento fundamental para obtener una solución, y ha manifestado su disposición de prestar servicios de asesoría y representación legal si así lo determinan, ante un proceso de carácter jurisdiccional o, en determinado momento, en la vía jurídica, en un juicio agrario que en su momento se pudiera establecer ante el Tribunal Unitario Agrario.

 

Asimismo, no se permitirá que se violente el Estado de Derecho con acciones que afecten los derechos de terceros, por lo que el funcionario reiteró su exhorto para continuar el diálogo y la negociación en el marco de la ley.

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