Obligarían a constructores a pagar obras de mala calidad

Ene 25, 2018 / 8:22 am

Ya estuvo bueno

Por Martha Casas

Durango, Dgo.

La diputada Rosa Isela de la Rocha Nevárez señaló que es necesario poner un hasta aquí a aquellos constructores corruptos que por ir con sus moches, utilizan materiales de mala calidad y por consiguiente, se tienen obras desastrosas; por ello se pretende legislar y reglamentar para evitar que esta práctica continúe, estableciendo que el supervisor, ejecutor de la obra y creador del proyecto, deberán pagar cuando esté mal hecha.

“Ya estuvo bueno de que hagan puentes y se caigan, de que estén pavimentando la misma calle cada año por los continuados baches y que la corrupción continúe, sin que nadie haga nada y sin que haya castigos”, expuso.

Se está proponiendo que tanto el que hizo el proyecto, el que construyó la obra, como el que la supervisó, sean corresponsables en los resultados de la misma, “si está mal hecha la van a tener que volver a hacer o la tendrán que pagar, pero las cosas no van a quedar más impunes”, se propone que el 45 por ciento del costo total sea cubierto por quien hizo el proyecto ejecutivo y lo autorizó; un porcentaje similar será correspondiente a quién ejecutó la obra y el 10 por ciento restante al supervisor.

Con ello se pretende que realmente se hagan obras de buena calidad y que se termine con la corrupción que se ha dado por tantos años con los famosos moches del 10 por ciento del costo de la obra, al final significa el uso de materiales de baja calidad en la construcción de las obras.

La diputada expuso que debe reglamentarse esta situación que es a todas luces un problema grave en la entidad, nada más basta ver puentes como el de San José de Gracia en Canatlán y otras obras que estaban hechas de mala calidad y se cayeron a un tiempo breve; en San Jerónimo hicieron una pavimentación muy mal hecha al grado que ahora, está provocando la caída de bardas de unas escuelas que están cerca.

Al final de cuentas quienes incurren en estos actos están robando al pueblo y tiene que ponerse un alto a través de mecanismos legales adecuados y aplicables en la realidad.

La propuesta es para modificar la Ley de Obra Pública en el artículo 83, ya que aunque es un delito y lo contempla la legislación actual, lo hace de manera muy ambigua y en los hechos no hay castigo por esta causa.

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