OSC comparten acciones estratégicas para hacer efectivos los derechos humanos

Feb 22, 2017 / 21:57 pm

 Más de cien activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) participaron en el taller OSC en la defensa judicial de los derechos humano para compartir experiencias exitosas en la defensa judicial de los derechos humanos, a través de los litigios estratégicos.

El taller contó con la participación de Santiago Corcuera Cabezut, Presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU como comentarista y moderador del panel, María Teresa Aguilar Álvarez, directora jurídica de Aprender Primero, José Antonio Guevara Director de la CMDPDH y Juan Carlos Gutiérrez Contreras director de IDHEAS.

Las tres organizaciones compartieron casos de éxito para obligar a las autoridades a asumir su responsabilidad y hacer efectivos los derechos humanos en los ámbitos de:

Educación: Aprender Primero logró revertir un desvío millonario en el gasto educativo y recuperar más de mil millones de pesos de la educación.

A través de un litigio estratégico impulsado en 2013, se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) reconociera el interés legítimo de Aprender Primero para impugnar actos de autoridad que violen el derecho a la educación (éste es un hecho de suma importancia pues generó un precedente muy importante que abre la posibilidad a OSC de interponer amparos para defender derechos humanos de terceros). También obligó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a corregir e iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas y /o penales contra el desvío millonario de dinero de la educación. Como resultado, se presentaron 87 denuncias penales en contra de los servidores públicos responsables del desvío de recursos por los ejercicios fiscales de 2009 y 2010; y se reintegró a la bolsa educativa más de $1,266,400,231,03 pesos.

Combate a la tortura: En una decisión histórica la CMDPDH logró -que la ONU condenara al Estado mexicano por ser responsable de tortura.

La CMDPDH logró que el Comité contra la Tortura de la ONU, en una decisión histórica condenara al Estado mexicano por ser responsable de haber cometido tortura en contra de 4 jóvenes. También obtuvieron una sentencia absolutoria por parte de un Juez de Distrito del Estado de Nayarit, en la que se determinó que los cuatro jóvenes detenidos arbitrariamente por militares, no eran penalmente responsables de la comisión de los delitos que se les imputo y en la que, además, se afirmó que existieron violaciones graves a los derechos humanos de los procesados, tales como detención arbitraria, la retención ilegal y los actos de tortura ejercidos por los agentes militares captores.

Búsqueda a víctimas de desaparición: IDHEAS logró que la Procuraduría General de la República (PGR) realizara de forma efectiva acciones para buscar a personas desaparecidas.

Gracias a un juicio de amparo presentado por IDHEAS un juez ordenó a la PGR que realizara la búsqueda de una persona víctima de desaparición forzada en Veracruz de conformidad con los protocolos correspondientes.

Ante la negativa por parte de las autoridades para buscar a esta persona, IDHEAS presentó juicios de amparo que obligaron a los responsables a estandarizar los criterios que debe cumplir la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PGR) en las actividades de búsqueda de una persona víctima de desaparición forzada de acuerdo con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada. También lograron que la PGR permitiera el acceso a las carpetas de investigación y la obtención de copias de la misma a las víctimas.

Los tres casos presentados son ejemplo de precedentes judiciales importantes en defensa de derechos humanos en México, sin embargo no son los únicos.

Por ello, el taller OSC en la defensa judicial de los derechos humano invitó a los participantes a impulsar litigios estratégicos que contribuyan a la mejora del Estado de Derecho, abrir vías de exigencia para otros casos de violación de derechos humanos, obligar a las instancias jurisdiccionales a interpretar las normas educativas y obligar a autoridades administrativas a aplicar las normas de acuerdo a interpretaciones de otras instancias que le son vinculantes.

 

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