Pemex acumula sanciones de más de 1.100 millones de dólares en los últimos 20 años

Mar 28, 2017 / 17:10 pm

El País

Ciudad de México

Petróleos Mexicanos (Pemex), actualmente bajo investigación por los presuntos sobornos que algunos de sus funcionarios recibieron de la constructora brasileña Odebrecht, es la instancia del gobierno mexicano que concentra las mayores sanciones por casos de corrupción. En una revisión hecha a las multas que ha impuesto la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Pemex en los últimos 20 años se encontró que éstas ascienden a 22.119 millones de pesos (unos  1.105 millones de dólares). Las sanciones económicas llegaron a los niveles más altos durante el gobierno del conservador Felipe Calderón (PAN) y han disminuído considereblamente en esta adminsitración de Enrique Peña Nieto (PRI).

En las últimas dos décadas la empresa productiva del Estado ha sido utilizada como un botín por sus empleados y directivos. En ese periodo la Secretaría de la Función Pública —la encargada de vigilar el desempeño de los servidores y de auditar el gasto que estos hacen de los recursos federales— ha inhabilitado mil 444 funcionarios para desempeñar algún cargo en el gobierno y ha emitido 890 sanciones económicas, se desprende de una revisión hecha al sistema de registro de servidores públicos sancionados de la SFP.

Las sanciones económicas se dictan cuando se causa un perjuicio al Estado y regularmente son muy elevadas porque el monto de la multa puede ser hasta tres veces mayor el daño ocasionado. El problema es que sólo se logra recuperar cuando mucho un 10 por ciento de la multa. El subsecretario de responsabilidades administrativas de la SFP, Javier Vargas, explica que una vez que la SFP emite una resolución tras una investigación administrativa, ésta no es definitiva porque el servidor puede interponer diversos medios legales de defensa.

Además, explica, otro de los problemas es que cuando el SAT (Sistema de Administración Tributaria) —el encargado de recaudar los adeudos— acude a cobrarlos, se encuentra con que el deudor no tiene capacidad para pagarlo y no puede finiquitarlo. “El otro 90 por ciento no se cobra porque el caso se fue a juicio, se modificó la sanción o se dejó nula, porque se fue al domicilio de la persona y no vive ahí, o porque no tiene patrimonio y no se pudo llevar a cabo la cobranza del crédito fiscal (multa)”, explica.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que además de no pagar la sanción, los involucrados tampoco son castigados con cárcel. Cuando la SFP impone la multa, el servidor público la impugna ante un tribunal administrativo. Si el daño patrimonial que se causó es muy grande y por ende implicaría varios años de cárcel, la estrategia de los involucrados es aceptar una sanción económica. “Es una sanción que parece muy dura, pero después se apela ante un juez administrativo y con eso se libró de prisión”, explica el experto en temas anticorrupción.

Un ejemplo de la impunidad institucional es la multa que se impuso a Rogelio Montemayor Seguy, extitular de Pemex y a otros cinco exfuncionarios involucrados en el famoso Pemexgate. En el caso desvelado a principios de 2001 se descubrió que funcionarios de la empresa estatal desviaron más de 1.000 millones de pesos al sindicato petrolero. La mitad de ese dinero terminó en la campaña presidencial de Francisco Labastida en el 2000. La sanción por 2.842 millones de pesos (142 millones de dólares) emitida en 2005 por el daño causado al erario —una de las más altas históricamente— no fue resarcida. Montemayor, que fue inhabilitado por 20 años para ocupar un cargo público, ganó un largo litigio en tribunales que lo exentó de pagar lo que le correspondía.

La multa más alta en los últimos 20 años se impuso en diciembre de 2010 en contra de catorce funcionarios de Pemex Refinación. La sanción que ascendió a 5.134 millones de pesos (256,7 millones de dólares) fue porque los involucrados manipularon procesos de licitación y contrataron con sobreprecio la renta de cuatro buque-tanques. La multa más reciente —por casi 2.5 millones de dólares— se dio a conocer a principios de marzo y fue en contra de siete servidores púplicos que realizaron pagos indebidos a una empresa por una obra que no se ejecutó.

Para Eduardo Bohórquez los funcionarios continúan incurriendo en actos de corrupción porque sigue prevaliendo la impunidad. “Además sigue habiendo incentivos muy fuertes a la corrupción porque son negocios muy grandes”, afirma. El sistema anticorrupción que se pondrá en marcha próximamente ayudará a cambiar este panorama porque se buscará desmantelar redes de corrupción completas, donde intervienen desde funcionarios públicos hasta empresarios, explica el especialista en temas de transparencia.

En una década, la SFP ha impuesto multas por 37.236 millones de pesos a los servidores públicos de toda la administración federal que han incurrido en actos ilegales. El 40% de la sanciones se han concentrado en directivos y personal de Petróleos Mexicanos. Para el subsecretario de la SFP, Javier Vargas, el hecho de que Pemex encabece las sanciones se debe a la gran plantilla laboral que maneja, no a que sea la más corrupta de la administración.

Pemex respondió que no conoce a fondo el procedimiento que llevó a cabo la SFP para determinar estas sanciones, por lo que no quieren “especular” sobre los datos. En una respuesta por escrito destacó que en el último año fortaleció las acciones para combatir la colusión y fomentar la transparencia. “Se puso en marcha en febrero de 2016 el Programa de Ética e Integridad Corporativa (PEIC), el cual incorpora los más altos estándares y prácticas internacionales en materia de ética, integridad, estrategias anticorrupción, conducta y valores institucionales”.

 

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