Por Fernando Madera
Durango, Dgo.
La transparencia y el acceso a la información pública, presentan un avance significativo gracias al interés de los ciudadanos por conocer más acerca del quehacer gubernamental y esto ha provocado que los sujetos obligados se apeguen cada vez más a la ley.
Las integrantes del Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), Luz María Mariscal Cárdenas, Alma Cristina López de la Torres y Paulina Elizabeth Compeán Torres, platicaron la tarde de ayer con el periodista Miguel Ángel Vargas Quiñones en el programa Charlas que se trasmite por CANAL España.
Ahí expusieron el quehacer del instituto, el cual se tiene como propósito velar por el respeto de las autoridades a la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública, promover este ejercicio entre los sujetos obligados y la ciudadanía, pero también tienen facultades para proteger los datos personales en poder de los gobiernos locales.
Dejaron claro que el instituto no proporciona información de manera directa a quien lo solicita, interviene cuando algún ente público niega la información a un ciudadano que la ha solicitado y tras analizar el recurso de revisión, determina a cuál de las partes le asiste la razón.
LA TRANSPARENCIA
La comisionada Paulina Elizabeth Compeán Torres, explicó que el acceso a la información y la transparencia, en la praxis, son diferentes aunque se les ha querido dar una connotación similar.
Por un lado el acceso a la información atiende las demandas de los ciudadanos, el derecho humano que tienen a conocer y saber, mientras que la transparencia se enfoca a la obligación que los entes públicos tienen de ofrecer en sus sitios oficiales la información que por ley deben publicar.
En este aspecto el IDAIP realiza de manera recurrente revisiones a los portales de cada uno de los sujetos obligados, desde los gobiernos municipales hasta los partidos políticos, a fin de comprobar el nivel de cumplimiento que deben tener conforme se los marca la ley.
Señalaron que en esta revisión, se ha podido comprobar que los gobiernos municipales han avanzado en materia de transparencia, y es cuestión de voluntad, indicaron las comisionadas quienes coincidieron que en la mayoría de los casos, los sujetos obligados han tenido esa voluntad de mejorar sus portales.
Los gobiernos municipales se encuentran en un promedio general de cumplimiento del 62 por ciento, el cual no es el mejor pero respecto a años anteriores han mejorado significativamente.
Señalaron que en algunos casos han tenido que recurrir a los medios de apremio para que corrijan las deficiencias que les marcan las revisiones, y lo han hecho al igual que los partidos políticos, quienes han tenido altibajos pero en la mayoría de los casos mantienen el ánimo de transparentar su labor.
Uno de los partidos políticos que cuenta con el más alto nivel de cumplimiento, es el Partido del Trabajo con el 83 por ciento, seguido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual cuenta actualmente con el 82 por ciento.
El Partido Acción Nacional mantiene un 63 por ciento, Movimiento Ciudadano el 64 por ciento y el Partido de la Revolución Democrática el 67 por ciento; Morena es actualmente uno de los más bajos con el 60 por ciento.
Al reafirmar que la transparencia de la información depende en gran medida de la voluntad de los actores políticos y los servidores públicos, compartieron que durante la pandemia el año anterior, el PRI bajó hasta el 40 por ciento en su nivel de cumplimiento.
En ese momento se mantenía en la dirigencia estatal el actual diputado local, Luis Enrique Benítez Ojeda, con quien se dialogó y al conocer el bajo nivel de cumplimiento, llamó a sus colaboradores y en ese momento les pidió revisaran las causas que lo habían llevado a ese tan bajo nivel.
Llevaron la documentación necesaria y en ese momento, bajo la asesoría del personal del IDAIP, comenzaron a cargar su sitio de internet con la información que les faltaba. Subieron en ese momento a poco más del 80 por ciento.
La comisionada Alma Cristina López de la Torres reconoció que, en algunos casos, los partidos políticos han puesto diversos pretextos y con ellos se justifican el incumplimiento. En diferentes ocasiones se les ha brindado la asesoría pero aun así no acatan lo que señala la ley.
Es ahí cuando se les han impuesto las medidas de apremio que pueden ir desde una amonestación pública, hasta la sanción económica y es el servidor público responsable quien debe cubrir la multa y no la institución o dependencia.
LO QUE PIDEN SABER
Aunque en un principio se creía que el acceso a la información era una exigencia de los periodistas, la verdad es que fue una lucha en general de la sociedad donde quienes se dedican a la comunicación, encontraron una valiosa herramienta para obtener información.
Sin embargo son actualmente los ciudadanos en general quienes piden información de todo tipo.
Recordaron como he evolucionado la manera de pedir información, en un principio se pedía conocer los sueldos de los gobernantes, y cuando se divulgaron y se publicaron en los portales oficiales, dejó de ser un dato de interés.
Ahora los ciudadanos piden conocer programas sociales, datos que le puedan ayudar a mejorar su calidad de vida y es a través de los programas que despliegan los gobiernos.
Por esta razón es que uno de los sujetos obligados al que más le piden información es el gobierno municipal de la capital, la cuál le piden conocer programas sociales, información relacionada con la seguridad pública, entre otros.
Son los hombres quienes estadísticamente piden más información, esto gracias a los datos que son aportados de manera voluntaria al momento de pedir información.
Detallaron además que la información en general es pública, pero existen datos que no pueden ser revelados como los datos personales, nombres, domicilios y datos sensibles como la religión, enfermedades, etc.
Es ahí cuando intervienen en la protección de datos personales, que deben ser debidamente resguardados por los sujetos obligados.
Ejemplificaron que información relacionada con el Poder Judicial, es igualmente pública, pero existen excepciones como las ya señaladas.
La legislación actual señala que las sentencias son públicas, en todas la materias, incluidas las relacionadas con los menores infractores.
Pero, es ahí donde también se debe velar por la protección de los da datos personales, ya que una sentencia contiene nombres, domicilios, y otros datos que no deben ser revelados.
Para una sentencia se pide la máxima publicidad pero no por ello se deben violentar la protección de estos datos, ya que por su naturaleza son sensibles y piden poner en riesgo a una persona o dañar su integridad.
Existe actualmente un sistema creado para que sea posible testar los datos personales de una sentencia pero si que se muy tardado.
Anteriormente se utilizaba el sistema creado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, denominado TestData, pero que no fue el adecuado ya que convertía los documentos en formato PDF y los hacía muy pesados
Adelantó que se habrá de contar con un nuevo programa denominado ELIDA (Eliminación de Datos) y hace el mismo trabajo pero directo en Word por lo que es muy rápido.
Finalmente las comisionadas invitaron a la ciudadanía en general a continuar con el ejercicio y derecho constitucional del acceso a la información, ya que no solo piden conocer datos de interés general, sino información que les puede ayudar a mejorar su ciudad de vida y la de su familia.
