Su sentencia podría ser hasta de 14 años
Por Martha Casas
Durango, Dgo.
Bajo el delito de cohecho fue vinculado a proceso un inspector de la Secretaría del Trabajo, mismo que fue denunciado por pedir un moche de 50 mil pesos, según informó la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Durango, se le impondría una pena de hasta 14 años de cárcel.
El denunciante, propietario de una empresa procesadora de suplementos alimenticios para ganado, manifestó que la persona señalada, quien se identificó como inspector de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Durango acudió a la compañía en mención con la finalidad de imponer una multa de 500 mil pesos por supuestas irregularidades fiscales y obligaciones laborales incumplidas, haciéndolo de manera agresiva e intimidante y luego, tomando una actitud un poco menos agresiva solicitó un pago por la cantidad de 50 mil pesos para llegar a un “arreglo”.
Al no obtener respuesta, el inspector se retiró del lugar lanzando amenazas de manera directa a los demás empleados de la empresa, por lo que el afectado procedió a presentar la denuncia correspondiente en las oficinas de la representación de la Fiscalía Anticorrupción en la ciudad de Gómez Palacio.
Comete delito de cohecho el servidor público que por sí mismo o por interpósita persona, solicite o reciba para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones.
El delito de cohecho está previsto en el artículo 338 del Código Penal del Estado de Durango, con esa base y tras una investigación fue vinculado a proceso Jaime, inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Durango, adscrito a la región Laguna.
El juez de control del distrito de Gómez Palacio, luego de conocer la información contenida en la carpeta de investigación correspondiente, determinó vincular a proceso penal al citado servidor público en virtud de los elementos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dictó como medida cautelar la presentación y firma de forma periódica del imputado; fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Se le podría imponer una pena de tres a catorce años de prisión, destitución del empleo e inhabilitación para ocupar un cargo público.
La Fiscalía Anticorrupción dará vista del presente caso a la Secretaría de Contraloría y a la Dependencia estatal involucrada para las responsabilidades administrativas que resulten de la actuación deshonesta del servidor público mencionado.
