AMLO y el dinero maldito. Que Aspe, Zedillo y Videgaray asesoren a Norma Piña

Federico Arreola
Jodido está México si solo puede haber limpieza electoral gastando demasiados miles de millones de pesos que la gente necesita aplicados a otros proyectos. ¿Tan mal portada es la sociedad mexicana? En lo personal no lo creo: estoy convencido de que podemos confiar en la madurez de los y las votantes y en la responsabiliad de quienes realizan activismo en los diferentes partidos políticos.
Lo que percibo es una defensa perversa del exceso de dinero que volvió obeso al INE. Así las cosas, el debate sobre el plan b electoral no es jurídico, sino económico: quienes lo rechazan no buscan la democracia, sino nada más que no se toque el dinero de ese instituto. Entonces, ministros y ministras necesitan asesoría financiera y aun de ingeniería industrial para analizar adecuadamente el problema.
Hay tres personas que podrían ayudar a quienes integran la corte suprema: tres exfuncionarios que intentaron la austeridad en gobiernos anteriores, los doctores en economía Pedro Aspe, Ernesto Zedillo y Luis Videgaray.
Si un mérito tuvo el presidente Miguel de la Madrid fue el de entender que su administración tenía que aprender a hacer lo mismo —e inclusive más— con menos recursos. La responsabilidad de optimizar el aparato gubernamental la tuvieron varias personas, sobre todo Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe.
En esa época, en el equipo de Aspe cuando este era secretario de Programación y Presupuesto, empezó su carrera profesional la hoy secretaria ejecutiva de administración del Consejo de la Judicatura Federal, Fernanda Casanueva de Diego, economista del ITAM. Esta persona podría dar elementos a ministros y ministras para entender que es obligatoria la dieta de las dependencias gubernamentales que han engordado de más, esto es, un tratamiento drástico para reducir su tamaño sin perder eficacia. El INE no puede ser la excepción.
La secretaria de administración de la judicatura no es la única economista recientemente nombrada por la ministra presidenta Norma Piña. Otra es Dimpna Gisela Morales González, oficial mayor de la SCJN, quien también cuenta con experiencia en áreas económicas de varios gobiernos que buscaron la austeridad.
Egresada de la escuela de economía de la Universidad Veracruzana, Morales González ha trabajado como directora de finanzas y de plantación en distintas dependencias desde los tiempos de De la Madrid; inclusive colaboró en la 4T, en el IMSS y en el CIDE; de esta escuela fue destituida de mala manera, en lo que ha sido uno de los capítulos lamentables del sexenio de Andrés Manuel, que en mi opinión ha hecho muy buen trabajo, pero ha caído en algunas faltas por haber permitido abusos generados por la ideología, como los del Conacyt y el CIDE.
La ley es la ley o blanco y en botella
¿La ley es la ley? Antes de responder citaré un refrán utilizado en España: blanco y en botella. Esta es una frase que viene al caso cuando hay algo evidente en sí mismo.
Repito la pregunta: ¿la ley es la ley?, es decir, ¿si es legal necesariamente es correcto? El origen del dicho blanco y en botella es sencillo de explicar: antes la leche, que es blanca, se envasaba en botellas de vidrio transparente. Pero, como determinó el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, lo blanco y en botella no siempre es leche. Se trató de una sentencia para que ya no se llamara leche a los productos blancos y bien embotellados, pero no de origen animal, sino vegetal. No puede haber leche de soya, pues. En Luxemburgo la leche es vaca, de cabra, de burra, etcétera, pero no de soya, de coco, de almendra o de arroz.
¿Lo legal es siempre justo? Personas inteligentes y preparadas, ministros y ministras no pueden ignorar que eso es falso. Porque lo legal sin duda muchas veces es justo, pero en ocasiones no lo es.
¿Lo inconstitucional invariablemente es incorrecto? La misma cosa: a veces sí y a veces no. Y es que las acciones de gobierno perfectamente envasadas en la llamada constitucionalidad suelen ser benéficas para la sociedad, pero a veces pueden perjudicarla, y viceversa.
¿Es inconstitucional el plan b electoral?
Esa es la pregunta de la que no deben partir ministros y ministras al analizar las reformas a la legislación electoral que tanto defienden AMLO y Morena y que tanto atacan el INE y la oposición. Porque el problema no es de interpretación de la Constitución, a la que habrá juristas que le den un sentido, y otros el sentido contrario. No olvidemos que en el mundo traidor de la política, inclusive —y sobre todo— en temas constitucionales, nada es verdad ni mentira, todo es según el color de la ideología con que se mira.
Dinero maldito que nada vale… Diferencias ideológicas al margen, AMLO y su gabinete han intentado —creo que con más decisión y por lo tanto con más éxito que sus antecesores— lo mismo que buscaron Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Pedro Aspe, Ernesto Zedillo, Luis Téllez, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto: ahorrar, ser austeros, hacer lo mismo con menos. No menciono a Vicente Fox y a Felipe Calderón porque los dos gobernantes panistas, ebrios de incompetencia, ni siquiera se plantearon la austeridad.
Los proyectos de austeridad de gobiernos anteriores fracasaron porque las necesidades de la política invariablemente pudieron más que la racionalidad económica. Como Andrés Manuel ha sido mucho más firme en la exigencia de que la administración pública funcione con menos recursos, sus enemigos han llegado a la conclusión que estamos en el sexenio del austericidio y, entonces, lo han combatido con la única arma de que disponen, la impugnación en la corte suprema.
Todas las decisiones de Andrés Manuel que implican gastar menos, llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque la burocracia que no quiere trabajar con menos asegura que se trata de acciones inconstitucionales. Doy tres ejemplos, uno de ayer.
Lo leí en la revista Proceso este jueves 9 de febrero de 2023:
“La Ley General de Comunicación Social, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, se está convirtiendo en una de las más impugnadas de la historia: durante la última semana de enero y la primera de febrero se espera que al menos 320 municipios demanden su invalidez ante la SCJN”.
“La Ley General de Comunicación Social, vigente desde diciembre pasado, está suscitando un alud de acciones de inconstitucionalidad. Ayuntamientos panistas agrupados en la ANAC, dirigencias partidistas de oposición, el INE y medios coinciden en que el bajísimo tope de gasto en comunicación social atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Una vez interpuestos los recursos, la última palabra será de la Suprema Corte”.
¿En serio menos gasto en publicidad gubernamental atenta contra la libre expresión? Se pasan.
Lo leí en varios medios en el arranque del sexenio de AMLO: Impugnan ley de salarios máximos para servidores públicos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la que se establece que ningún funcionario gane más que el presidente.
La SCJN aceptó a trámite las controversias, pero negó las suspensiones.
El INE y el INEGI impugnaron lo anterior.
Vale preguntar a ministros y ministras: ¿por qué razón tendría que ser inconstitucional el tope a los salarios de la burocracia?
Lo leí en el sitio de internet de Carmen Aristegui:
“El plan b se perfila como la reforma electoral más impugnada de la historia”.
“Morena ha señalado que con la reforma electoral se podrán ahorrar 3 mil millones de pesos, lo que estaría de acuerdo con la política de austeridad republicana impulsada por el presidente López Obrador”.
“Por otro lado, la oposición argumenta que el plan b es anticonstitucional y representa una reforma regresiva en materia electoral”.
Para quienes integran la corte suprema no debería resultar muy complicado entender que, de todas las reformas implícitas en el plan b, las que más defiende el INE tienen que ver con su presupuesto. Porque consejeros y consejeras electorales no aceptan perder ni un solo peso. La verdad de las cosas es que podrían hacer lo mismo con bastante menos, pero no se les pega la gana trabajar más para hacerlo posible.
Dado que la corte suprema ha llamado para los cargos administrativos a economistas que trabajaron en los gobiernos de De la Madrid, Salinas, Zedillo y Peña que intentaron —pero no lo lograron— la verdadera austeridad, la ministra presidenta Piña debería pedir la asesoría de quienes quisieron actuaron con racionalidad, pero fueron derrotados por la gente que solo saber hacer política a la napoleónica: con dinero, dinero y más dinero.
Por ahí andan, y seguramente no cobrarían por la asesoría, Pedro Aspe, Ernesto Zedillo y Luis Videgaray. A la corte podrían demostrarle que la austeridad es posible, y después recomendar al INE despachos especializados en optimizar procesos para que consejeros y consejeras ya dejen la grilla y empiecen a hacer la tarea que les permita organizar las elecciones de 2024 con menos dinero y con la misma eficiencia y limpieza de 2018. De que se puede, se puede. Otra cosa es que no tengan la capacidad ni las ganas para lograrlo.