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“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central ha levantado su voz ante la reciente situación en Nicaragua. Han condenado enérgicamente la desaparición forzada del obispo Isidoro Mora y la serie de detenciones de sacerdotes en el país, lo que ha desencadenado tensiones entre el régimen liderado por Daniel Ortega y la Iglesia Católica nicaragüense.
El organismo de la ONU, a través de sus canales oficiales, ha expresado su repudio y ha señalado que estas acciones podrían representar una violación no solo a la libertad individual del obispo y los religiosos detenidos, sino también al derecho fundamental de libertad religiosa, base esencial en cualquier Estado democrático.
De manera paralela, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Nicaragua ha alzado su voz, denunciando el hostigamiento, la persecución y la criminalización que la Iglesia católica nicaragüense estaría enfrentando por parte del gobierno de Ortega-Murillo. Han expresado su preocupación por la afectación a la labor pastoral y evangelizadora, destacando la importancia histórica de la Iglesia en la promoción de valores de justicia y paz en el país.
En su comunicado, la Alianza Cívica ha exigido el respeto a la integridad de los líderes religiosos detenidos y ha demandado su liberación inmediata, argumentando la ausencia de delitos cometidos por ellos. Además, han manifestado solidaridad con la comunidad católica y su rechazo a la creciente presión sobre los espacios religiosos.
Aunque las autoridades nicaragüenses no han confirmado oficialmente estas detenciones, la situación ha generado tensiones evidentes entre el gobierno y la Iglesia católica en el país. Esta crisis se suma a la compleja situación sociopolítica que ha atravesado Nicaragua desde 2018, intensificándose tras los últimos comicios y marcando un hito en las relaciones entre el Estado y la Iglesia en la nación centroamericana.”