Por Gonzalo Martínez
El Tribunal Supremo Judicial de Venezuela (TSJ) ha iniciado la fase final del peritaje del material electoral tras las recientes elecciones presidenciales. La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez Rodríguez, informó que el tribunal está revisando tanto los documentos físicos como digitales proporcionados por el Poder Electoral, en respuesta al recurso contencioso presentado por el presidente reelecto, Nicolás Maduro Moros.
El peritaje incluye la revisión de actas y testimonios de las 38 organizaciones políticas que participaron en las audiencias realizadas del 7 al 9 de agosto. El objetivo es asegurar la estabilidad y paz en Venezuela mediante un análisis detallado de las alegaciones de Maduro.
El TSJ también está investigando un ataque cibernético masivo que afectó al sistema electoral durante las elecciones. La Sala Electoral, la máxima instancia del TSJ, emitirá una sentencia definitiva que será inapelable y de obligatorio cumplimiento.
Rodríguez Rodríguez destacó que el excandidato Edmundo González Urrutia y sus seguidores no presentaron pruebas suficientes para respaldar sus alegaciones de fraude. La Sala Electoral observó que los partidos que apoyaron a González Urrutia no aportaron documentación relevante, como actas de escrutinio.
Además, Rodríguez Rodríguez criticó al grupo SUMATE, vinculado con la oposición y el Departamento de Estado de EE. UU., por su participación en las primarias opositoras. La Fiscalía General de Venezuela ha relacionado a SUMATE con intentos de manipulación electoral y desinformación.
Rodríguez Rodríguez también se refirió a las actas de escrutinio publicadas en la web www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com. Estas actas han sido denunciadas por la oposición como falsas debido a irregularidades y falta de firmas oficiales. El Ministerio Público está investigando la autenticidad de estas actas por presuntos delitos como usurpación de funciones y delitos informáticos.
El presidente Nicolás Maduro presentó un recurso contencioso el 31 de julio, pidiendo una investigación exhaustiva sobre las irregularidades durante las elecciones. El Consejo Nacional Electoral ha afirmado que el ataque cibernético buscaba deslegitimar el proceso electoral y generar incertidumbre.
El TSJ deberá determinar si estos ataques y la publicación de actas inconsistentes formaron parte de una estrategia para desestabilizar el país, según sostiene el Gobierno venezolano.
