Por Gonzalo Martínez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ha decidido no suspender el decreto que reforma la Ley de Amparo, a pesar de haber admitido a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados de oposición.
El ministro justificó su decisión argumentando que otorgar la suspensión del decreto implicaría emitir un juicio anticipado sobre el fondo del asunto, lo cual es competencia del pleno de la Corte y no de la Primera Sala. En sus palabras, “la concesión de la medida cautelar implicaría resolver sobre una cuestión reservada al fondo de esta”.
Los legisladores de oposición que impugnaron las reformas expresaron su preocupación de que la implementación de las nuevas disposiciones pudiera afectar de manera significativa los derechos relacionados con la administración de justicia y la tutela judicial efectiva. Sostienen que las limitaciones impuestas podrían debilitar la capacidad de garantizar justicia, especialmente al restringir el otorgamiento de medidas cautelares que no cuenten con un respaldo constitucional claro.
Con esta decisión, el debate sobre la constitucionalidad de las reformas a la Ley de Amparo queda en manos del pleno de la SCJN, mientras que la Primera Sala se concentra únicamente en la evaluación de la solicitud de suspensión.
