Por Gonzalo Martínez
Con la proximidad de la fecha en que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asignarán los escaños en la Cámara de Diputados y aprobarán un conjunto de reformas constitucionales, entidades del sector privado han manifestado su preocupación por la posible aprobación de dichas reformas y la potencial sobrerrepresentación.
Empresas Globales, un conglomerado de 60 grandes compañías responsables del 40 por ciento de la Inversión Extranjera Directa en México, expresó su apoyo a la necesidad de un sistema judicial más transparente y eficiente. No obstante, enfatizaron que cualquier reforma debe consolidar la separación de poderes.
Las empresas pidieron ajustes al proyecto de reforma para garantizar la independencia de la judicatura, asegurando que los jueces resuelvan con imparcialidad y sin intromisiones indebidas. También abogaron por procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento de jueces, así como el respeto a las condiciones de servicio e inamovilidad para asegurar su independencia y derechos.
“Es esencial que las reformas no limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad”, señalaron.
Además, enfatizaron la necesidad de un período de implementación razonable para salvaguardar la impartición de justicia y el Estado de derecho, así como directrices claras. Advirtieron que la reforma no debe contradecir las obligaciones establecidas en tratados internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Por otro lado, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) expresó preocupaciones respecto a la conformación de los órganos legislativos. La ANTAD subrayó la importancia de asegurar que todas las voces participen en el debate legislativo y que se protejan las minorías, promoviendo la diversidad de opiniones y la democracia.
La asociación pidió a las autoridades electorales que la asignación de diputados de representación proporcional se base en una lectura sistemática e integral del artículo 54 constitucional. Este artículo establece limitantes para la sobrerrepresentación en el Congreso, especificando que no debe exceder el ocho por ciento respecto de los votos obtenidos y que los partidos deben registrar candidatos en al menos 200 distritos electorales para tener derecho a diputados plurinominales.
La ANTAD enfatizó que estos requisitos deben ser considerados también en el contexto de las coaliciones, no solo de manera individual para cada partido.
La preocupación del sector privado subraya la necesidad de un balance entre reformas constitucionales y la representación justa y equitativa en el Congreso, garantizando un sistema judicial y legislativo que respete la democracia y el estado de derecho.
