Por Gonzalo Martínez
En Perú, la Fiscalía de la Nación ha formalizado una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el ex primer ministro Guido Bellido, acusándolos de la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal, en detrimento del estado. Esta denuncia se centra en la polémica designación de Juan Manuel Carrasco Millones como ministro del Interior en julio de 2021, cuando todavía ejercía como fiscal provincial en funciones.
Juan Manuel Carrasco Millones, quien ocupaba el cargo de fiscal provincial titular especializado en la lucha contra la criminalidad organizada en Lambayeque, fue nombrado ministro del Interior el 29 de julio de 2021, durante el inicio del gobierno de Pedro Castillo.
La Fiscalía sostiene que esta designación fue contraria a las leyes y a la Constitución peruana, ya que Carrasco no había renunciado ni se había desvinculado formalmente de su cargo en el Ministerio Público al momento de aceptar el puesto en el gabinete ministerial.
El argumento de la Fiscalía se basa en que un funcionario público en ejercicio de sus funciones, como un fiscal provincial, no puede asumir simultáneamente un cargo en el Poder Ejecutivo, a menos que haya renunciado formalmente o que se haya producido una separación de sus responsabilidades anteriores, condiciones que, según la denuncia, no se cumplieron en este caso.
Carrasco, por su parte, ha defendido su nombramiento alegando que, antes de asumir el cargo de ministro, había solicitado una licencia sin goce de haber, lo que, según él, lo habilitaba para ocupar el puesto en el Ministerio del Interior. Sin embargo, la Fiscalía ha desestimado este argumento, considerando que la licencia no era suficiente para sortear las restricciones legales y constitucionales que rigen en estos casos.
El caso ha generado un intenso debate en la esfera política y legal de Perú, pues se cuestiona no solo la legalidad del nombramiento de Carrasco, sino también la responsabilidad que recae sobre Pedro Castillo y Guido Bellido, quienes avalaron y promovieron su designación. La denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación busca esclarecer si los exfuncionarios incurrieron en el delito de nombramiento ilegal, lo que podría implicar consecuencias penales significativas.
La situación también ha reavivado la discusión sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Perú, así como sobre la independencia de los fiscales que se ven involucrados en la política. Este caso podría sentar un precedente en cuanto a la interpretación de las leyes relacionadas con el nombramiento de funcionarios públicos que provienen del ámbito judicial, y cómo estas interacciones deben manejarse para evitar conflictos de interés y violaciones de la legalidad.
