Por Gonzalo Martínez
El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, ha revelado que inversionistas canadienses han expresado sus inquietudes respecto a la reforma al Poder Judicial que el Gobierno de México está promoviendo, la cual propone la elección de jueces y de la Suprema Corte por voto popular. Clark hizo estas declaraciones antes de la inauguración del foro de negocios México–Canadá “CanCham Day 2024” y comentó que ha escuchado varias preocupaciones de los inversionistas sobre este tema.
Clark indicó que los inversionistas están preocupados porque la reforma podría impactar el “vínculo de confianza” entre ellos y el Gobierno mexicano. “Una inversión es una muestra de confianza. Yo voy a invertir en tu país, voy a construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana”, explicó el embajador, subrayando la importancia de la confianza en las decisiones de inversión.
Sin embargo, el embajador fue claro al afirmar que su papel es transmitir las preocupaciones del sector privado canadiense sin intervenir en los asuntos internos de México. “Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, señaló Clark. Además, destacó que la reforma judicial es un tema que la Embajada canadiense está siguiendo con “mucho interés” debido a su posible impacto en las relaciones bilaterales.
Antes de la intervención de Clark, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también expresó su preocupación sobre la reforma. En una conferencia de prensa, Salazar advirtió que la reforma judicial podría poner en riesgo la democracia en México y afectar la relación comercial entre ambos países, la cual, según él, depende de la confianza en el marco legal mexicano. Salazar argumentó que la “elección directa y política de jueces” podría debilitar “los esfuerzos para lograr la integración económica de América del Norte”.
El posicionamiento de los embajadores norteamericanos llega en un momento en que calificadoras financieras como Fitch y entidades bancarias como CitiBanamex y Morgan Stanley también han expresado preocupaciones sobre las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en relación con la reforma al Poder Judicial. La revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que podría verse afectada por estos cambios, está programada para 2026, un año después de la posible primera elección de jueces en México, planteada para 2025.
