Por Gonzalo Martínez
La Cámara de Diputados ha comenzado la discusión de la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma propone que cualquier persona con un título en Derecho pueda postularse para ser electa como titular de un tribunal, aunque se han señalado que habrá mecanismos de control para garantizar que los candidatos sean aptos. Además, los actuales juzgadores podrán participar para reincorporarse al Poder Judicial de la Federación.
En respuesta a esta reforma, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, incluyendo administrativos, secretarios de acuerdos y actuarios, han iniciado un paro de labores. Este paro se ha intensificado con la participación de jueces y magistrados, lo que ha llevado a una huelga de al menos mil 200 jueces en todo el país, según datos de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed).
Aunque el Consejo de la Judicatura Federal ha aprobado el paro, ha establecido un régimen de servicios mínimos para atender casos graves o urgentes.
El paro ha generado preocupación en el ámbito económico. Calificadoras como Fitch Ratings y entidades financieras como Citibanamex, Bank of America y Morgan Stanley han advertido sobre los posibles efectos negativos en el clima de negocios en México.
Además, los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México han expresado inquietudes sobre el impacto de la reforma en las inversiones de sus países. Este clima de incertidumbre ha afectado al peso mexicano, que ha mostrado una depreciación cercana a las 20 unidades por dólar debido al aumento de la aversión al riesgo.
Comisiones de la Cámara de Diputados inician discusión de la Reforma Judicial
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