Por Gonzalo Martínez
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles un alarmante aumento de la represión en Venezuela posterior a las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, las cuales han sido cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional. En un informe presentado por la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, se detallaron graves violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.
La reunión fue convocada a petición de varios países de la región, incluidos Argentina, Canadá, Chile y Estados Unidos, preocupados por la situación en Venezuela. Clarke señaló que la represión tras los comicios, donde Nicolás Maduro fue declarado vencedor, “refleja patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017”. El informe, que no fue elaborado sobre el terreno, documenta el uso arbitrario de la fuerza, que ha causado al menos 23 muertes y decenas de heridos, además de más de 1,600 arrestos, incluyendo a un centenar de menores de edad.
El informe también destacó el hostigamiento contra opositores, así como la censura y las restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión. Varios embajadores tomaron la palabra tras la presentación del informe, subrayando la gravedad de las denuncias. El embajador de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, afirmó que “estas graves denuncias no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional”. Por su parte, la representante costarricense, Milagro Martínez, hizo un llamado a un “proceso de transición justa y de buena fe” en Venezuela.
El embajador estadounidense, Frank Mora, denunció que el gobierno de Maduro “ha perpetuado un clima de miedo”, especialmente tras el 28 de julio, y reiteró la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo venezolano. Mora describió un “panorama escalofriante” de la situación de derechos humanos en el país, acusando al régimen de “sembrar el terror para silenciar a la ciudadanía y perpetuarse en el poder”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también intervino, reiterando su solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se emitan órdenes de detención contra los principales responsables del gobierno venezolano, incluido Maduro. Almagro insistió en la necesidad de seguir avanzando en el camino de la justicia internacional.
Cabe destacar que Venezuela no forma parte de la OEA desde 2019, tras haber iniciado su retirada en 2017, argumentando que la organización estaba interfiriendo en sus asuntos internos. Sin embargo, la comunidad internacional sigue atenta a la situación en el país, especialmente tras los recientes acontecimientos.
