Por Gonzalo Martínez
Este viernes, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, presentó un informe jurídico en nombre de una treintena de exmandatarios iberoamericanos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), denunciando “violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”, incluidos “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el régimen venezolano de Nicolás Maduro, solicitando además que se actúe “con urgencia”.
Los firmantes afirmaron ante la fiscalía que “los hechos previos y posteriores a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela” constituyen una “práctica de terrorismo de Estado”. Entre los denunciantes se encuentran los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox; y el boliviano Carlos Mesa.
En este contexto, señalaron que “los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado y siguen ejecutándose, incluyendo la reciente orden de aprehensión contra el verdadero presidente electo, Edmundo González Urrutia, son la obra de una estructura militar operacional cuya cadena de mando ejerce directamente Nicolás Maduro Moros”.
El informe, presentado por Pastrana, cuenta con el respaldo de 31 miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), un foro de ex jefes de Estado y de Gobierno, según informó dicha organización.
Los exmandatarios instaron a la Fiscalía de la CPI a que “tome conciencia de la responsabilidad que tiene el presidente Maduro en todos los actos criminales que se están cometiendo”, explicó a EFE el abogado penalista español Blas Jesús Imbroda, quien acompañó a Pastrana en la entrega del informe, junto al exembajador venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, negociador del Estatuto de Roma de la CPI.
En seis páginas, el informe detalla jurídicamente que “Maduro es el comandante en jefe, la cúspide del poder, ya que, además de ser presidente del Gobierno, es el comandante en jefe. Él lidera lo que se conoce como el Comando Estratégico Operacional, que lleva a cabo la política de terror de Estado en Venezuela”, añadió Imbroda.
Esta denuncia, que también involucra a los miembros del Ejército venezolano por ser el principal soporte del régimen de Maduro, se suma a la causa ya abierta contra Venezuela en la CPI.
“El régimen militar que ahora impera, sustituyendo a la república civil, es el verdadero dueño de los poderes del Estado y de las riquezas económicas, siendo responsable, como dictadura militar represora y terrorista, de los crímenes investigados por la Corte. Venezuela recrea así la trágica experiencia de las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano”, afirmaron los exmandatarios.
En noviembre de 2021, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela tras examinar denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, indicando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.
La Fiscalía, que no emitió comentarios para proteger la “confidencialidad” del proceso, señaló en agosto que está “monitoreando activamente” la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio, en las que Nicolás Maduro afirma haber ganado, aunque una parte de la comunidad internacional no ha reconocido el resultado por la falta de acceso a las actas.
En una nota dirigida a los medios, la Fiscalía aseguró haber recibido “múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones” e instó a “cualquier individuo u organización” con “información relevante” a presentarla para la investigación en curso.
Además, el fiscal Karim Khan destacó que su oficina ha “entablado diálogo con el Gobierno de Venezuela al más alto nivel” para subrayar la importancia de garantizar el respeto al Estado de derecho y la protección de todas las personas contra violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma.
Cabe señalar que la investigación de la CPI se centra en Venezuela y no en individuos específicos del país latinoamericano.
