Por: Martha Casas.
La industria restaurantera en México enfrenta una crisis de formalidad que amenaza su crecimiento y sostenibilidad. Claudia Ramírez, Presidenta Nacional Ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), reveló que el 76% de los establecimientos de alimentos en el país operan desde la informalidad, un fenómeno impulsado principalmente por una tramitología “excesiva”.
Durante su intervención, Ramírez subrayó que el camino hacia la legalidad para un restaurantero es, en muchas regiones, prácticamente intransitable. La líder empresarial denunció que existen estados donde se exigen hasta 500 trámites administrativos para formalizar una unidad económica, lo que convierte la apertura de un negocio en un laberinto de costos y burocracia.
“Es cada vez más difícil y más costoso tener un restaurante formalmente constituido”, señaló Ramírez, haciendo hincapié en que esta carga administrativa es el principal motor que empuja a los emprendedores a mantenerse fuera del marco legal.
l reto de la simplificaciónAnte este panorama, la CANIRAC ha establecido como prioridad el acompañamiento de sus agremiados y la gestión ante las autoridades para lograr una simplificación administrativa urgente. El objetivo es reducir la cifra de negocios informales mediante el uso de la tecnología y la reducción de requisitos legislativos que hoy resultan obsoletos o redundantes.
“Trabajamos de la mano de las autoridades para que cada vez nos ayudemos más de la tecnología para hacérselo más fácil [al restaurantero] y acompañarlos en todas las dudas que tengan que cumplir según la ley”, afirmó.
Un sector clave bajo presiónLa informalidad no solo afecta la recaudación fiscal, sino que deja a los trabajadores sin seguridad social y a los negocios sin acceso a créditos o protección jurídica. Para la CANIRAC, la solución no radica únicamente en la vigilancia, sino en transformar el sistema para que la formalidad sea un camino viable y no un castigo financiero.
La cámara continuará impulsando mesas de trabajo con los tres órdenes de gobierno para digitalizar procesos y garantizar que el sector restaurantero, uno de los mayores empleadores del país, pueda operar con certeza y bajo el amparo de la ley.
