Piden que se capacite al personal municipal en materia de diversidad sexual
Tras la difusión de un video en el que se observa la persecución de una mujer trans en calles del Centro Histórico , integrantes de la comunidad LGBT+ anunciaron que analizan interponer una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al considerar que podría tratarse de un acto de discriminación y abuso de autoridad.
El hecho, ocurrido la noche del miércoles, generó polémica en redes sociales, donde fue señalado como un caso de persecución por parte de personal municipal.
Al respecto, el presidente de la comunidad LGBT+ en Durango, Ezequiel García Torres, calificó lo sucedido como “profundamente preocupante” desde una perspectiva de derechos humanos, al advertir que este tipo de acciones no pueden normalizarse bajo ningún argumento institucional.
Señaló que existe una falta evidente de capacitación en materia de diversidad sexual y de género entre los servidores públicos, lo que se refleja en prácticas que vulneran la identidad y dignidad de las personas.
Además, cuestionó los protocolos de actuación de la autoridad municipal, al considerar que, si bien existen facultades para realizar revisiones sanitarias, estas deben aplicarse con legalidad, sin discriminación y sin recurrir a mecanismos como la persecución en la vía pública.
“El hecho de que una persona sea mujer trans, ejerza o no trabajo sexual, no justifica bajo ninguna circunstancia actos de hostigamiento, persecución o trato indigno”, puntualizó.
García Torres advirtió que este tipo de situaciones podrían evidenciar una conducta discriminatoria dirigida específicamente hacia personas de la diversidad sexual, por lo que se buscará que el caso sea investigado.
En este sentido, adelantó que se prepara una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se determinen posibles violaciones, incluyendo actos de discriminación y abuso de autoridad.
Asimismo, hizo un llamado al Ayuntamiento de Durango y a la Dirección de Salud Pública Municipal para implementar protocolos claros con perspectiva de género y diversidad, así como capacitación obligatoria para el personal.
Aparentemente el hecho correspondió a una revisión de permisos relacionados con la prestación de servicios sexuales en la vía pública, aunque esta versión también ha sido cuestionada por colectivos.
De acuerdo con activistas, aún existen vacíos legales y sociales que propician este tipo de situaciones.
