El objetivo: endurecer sanciones y cerrar el paso a grupos delictivos que operan en conjunto
Por Luis Juárez
Durango, Dgo. – El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Durango, con el objetivo de frenar el pandillerismo y fortalecer la seguridad pública. La propuesta contempla penas de seis a 12 años de prisión, además de multas económicas de 200 a mil Unidades de Medida y Actualización para quienes integren grupos delictivos.
La legisladora Sughey Torres Rodríguez explicó que la iniciativa establece sanciones para asociaciones de tres o más personas que se organicen con fines delictivos, con la intención de dar mayor certeza jurídica y herramientas claras a las autoridades.
Durante su intervención, la legisladora subrayó que la ciudadanía exige resultados en materia de seguridad. Afirmó que la propuesta busca proteger a las familias y garantizar condiciones de tranquilidad en espacios públicos, al priorizar a las víctimas por encima de quienes cometen delitos.
La iniciativa también plantea definir con mayor precisión el concepto de pandillerismo dentro de la ley, además de considerarlo como agravante en la comisión de delitos. Incluye sanciones más severas en casos donde exista violencia, uso de armas o afectaciones a personas en situación vulnerable.
Torres Rodríguez destacó que el fenómeno del pandillerismo responde a factores sociales complejos, como la falta de oportunidades y el debilitamiento del tejido comunitario. Sin embargo, advirtió que cuando estos grupos cruzan la línea hacia la delincuencia, el impacto en la sociedad resulta más grave.
En este sentido, señaló que en Durango se han registrado riñas colectivas y actos vandálicos en espacios públicos, situaciones que han generado preocupación entre la población.
Finalmente, la diputada enfatizó que la iniciativa no busca criminalizar a la juventud, sino establecer límites claros frente a la violencia. Añadió que, de acuerdo con datos del INEGI, los jóvenes enfrentan la violencia tanto como víctimas como responsables, lo que exige acciones firmes desde el ámbito legislativo.
