La entidad figura como uno de los destinos a los que presuntamente era distribuido combustible introducido ilegalmente al país; hasta el momento no existen señalamientos públicos contra empresas, gasolineras o autoridades duranguenses.
La investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de huachicol fiscal, en la que se encuentra involucrado el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ha puesto a Durango en el mapa de las indagatorias. Sin embargo, la razón no es porque la operación tuviera su origen en la entidad, sino porque el estado aparece como uno de los destinos de distribución del combustible presuntamente introducido de manera ilegal a México.
¿Por qué Durango está involucrado?
De acuerdo con la investigación federal, el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas e ingresaba al país por cruces fronterizos de Tamaulipas. Posteriormente era trasladado en carros tanque de ferrocarril y distribuido mediante pipas hacia distintos estados, entre ellos Coahuila, Durango y Zacatecas.
Las indagatorias sostienen que la organización utilizaba un esquema conocido como huachicol fiscal, que consiste en evadir el pago de impuestos durante la importación de combustibles. Para ello, presuntamente declaraban solo una parte de la carga que realmente transportaban o registraban el producto con una clasificación distinta para reducir el pago de contribuciones federales.
Este mecanismo es diferente al robo de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex, ya que el ilícito se centra en la importación y comercialización irregular del hidrocarburo.
No se conocen investigaciones locales
Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre investigaciones, cateos o aseguramientos en Durango relacionados con este caso, ni ha señalado públicamente a empresas, estaciones de servicio o funcionarios de la entidad por su posible participación.
La mención de Durango dentro de la carpeta de investigación obedece, hasta ahora, a que fue identificado como uno de los mercados donde presuntamente se distribuía el combustible, por lo que el avance de las indagatorias determinará si existen o no responsabilidades adicionales en la entidad.
La investigación es considerada una de las más relevantes en materia de huachicol fiscal en el país, por el volumen de combustible presuntamente introducido de manera irregular y el millonario daño económico que, según la Fiscalía, habría ocasionado a la Hacienda Pública.
