José Miguel Castro Carrillo
La historia demográfica de México es también la historia de cómo un Estado mide, clasifica e invisibiliza a sus habitantes. Tras la Conquista en el siglo XVI, el territorio novohispano experimentó un severo colapso demográfico en la población indígena debido a epidemias y explotación.
Para suplir la fuerza laboral en minas, haciendas y talleres, la Corona forzó la llegada de aproximadamente 250,000 personas africanas esclavizadas por los puertos de Veracruz, Campeche y Acapulco.
Durante tres siglos, la administración colonial organizó la sociedad bajo una estricta estructura corporativa mediante el “sistema de castas” o “calidades”, mientras que los registros parroquiales dividieron a la población en españoles, indios, negros y una compleja variedad de mezclas como mulatos, pardos, lobos y zambos, por lo que, en diversas etapas virreinales, la población afrodescendiente incluso superó en número a la de origen europeo.
Con la Independencia en 1821 y los decretos de 1822, el Estado republicano abolió legalmente las categorías raciales para proclamar la igualdad ciudadana; sin embargo, este ideal generó un efecto colateral en la estadística pública: la desaparición documental de la población afrodescendiente y la marginación del indígena.
Bajo el argumento de no discriminar, los censos nacionales como el Censo General de 1895 eliminaron cualquier registro etno-etico, y la población afrodescendiente quedó borrada de los conteos oficiales, mientras que las comunidades indígenas fueron contabilizadas casi exclusivamente mediante el criterio lingüístico de los hablantes de lenguas nativas.
En el siglo XX, el proyecto posrevolucionario consagró la ideología del mestizaje como mito unificador de la identidad nacional, con lo que la narrativa concebía al mexicano ideal como la mezcla biológica y cultural de dos raíces (española e indígena), excluyendo a la herencia africana o “tercera raíz”, y tanto la parroquia como el Estado asumieron que la asimilación cultural disolvería las diferencias étnicas.
A mediados de siglo, estudios pioneros de Gonzalo Aguirre Beltrán con La población negra en México de 1946 y posteriormente de Guillermo Bonfil Batalla mediante el programa Nuestra Tercera Raíz de 1989 comenzaron a rescatar del olvido académico la historia de la población afrodescendiente.
El viraje definitivo ocurrió en el siglo XXI tras décadas de exigencias sociales y reformas al Artículo 2° de la Constitución, que reconoce la composición pluricultural de la nación, el INEGI transformó sus metodologías censales, al abandonar la visión reduccionista lingüística para adoptar el derecho a la auto adscripción y en el Censo de Población y Vivienda 2020, se captó de forma directa la auto identificación afro mexicana y la pertenencia cultural indígena.
Los resultados entonces revelaron que 2.57 millones de personas (2.0% de la población) se autoreconocen afromexicanas o afrodescendientes, además de que 23.2 millones de personas de 3 años y más se autoadscriben como indígenas por su cultura, superando a los 7.36 millones de hablantes de lenguas indígenas. Este avance no solo salda una deuda de invisibilización, sino que aporta la información necesaria para garantizar políticas públicas con enfoque intercultural, ahora es indispensable visibilizar a los pueblos originarios y afrodescendientes para erradicar la discriminación estructural y reducir las asimetrías en su inclusión en las políticas públicas nacionales y garantizar la participación de todos los sectores para continuar con la construcción de una sociedad más equitativa, respetuosa e incluyente.
