La diputada priista advirtió que las presuntas irregularidades en contrataciones y los antecedentes de la presidenta provisional deben investigarse para evitar dudas sobre la organización de los próximos comicios.
Por Luis Juárez
Durango, Dgo.— A esclarecer las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y determinar si tuvieron alguna repercusión en la organización de los procesos electorales, llamó la diputada local del PRI, Rocío Rebollo Mendoza, al advertir que la credibilidad del organismo será fundamental rumbo a las elecciones de 2027.
La legisladora señaló que las investigaciones sobre posibles anomalías en las contrataciones del instituto deben ir más allá de la revisión administrativa y establecer si existieron afectaciones en los procedimientos, los materiales o los mecanismos de seguridad relacionados con la organización de los comicios.
Al pronunciarse sobre el relevo en la presidencia del INE, Rebollo Mendoza consideró que la llegada de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional representa una oportunidad para fortalecer la institución; sin embargo, sostuvo que también es necesario esclarecer los señalamientos relacionados con su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
En ese contexto, recordó las denuncias presentadas por representantes partidistas durante las elecciones poblanas de 2024, relacionadas con presuntas irregularidades en los cómputos y la asignación de votos que, según los señalamientos, habrían beneficiado a Fuerza por México.
También mencionó la denuncia penal presentada por Mario Riestra Piña, entonces candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, contra integrantes y funcionarios del organismo electoral.
La diputada puntualizó que las denuncias no constituyen por sí mismas una prueba de culpabilidad, por lo que consideró necesario conocer el estado de las investigaciones y determinar si las autoridades competentes esclarecieron las discrepancias señaladas.
Auditorías sin confrontación política
Respecto a la propuesta de ampliar las auditorías a administraciones anteriores del INE, la priista sostuvo que toda gestión pública debe estar sujeta a fiscalización, siempre que las revisiones cuenten con fundamentos y se desarrollen con independencia y apego a la ley.
No obstante, advirtió que estas indagatorias no deben convertirse en un enfrentamiento entre administraciones ni desviar la atención de los señalamientos actuales.
Para Rebollo Mendoza, el objetivo debe ser deslindar responsabilidades y garantizar que las decisiones del organismo electoral se conduzcan con transparencia, sin privilegios ni intereses políticos.
La confianza electoral, en juego rumbo a 2027
La legisladora alertó que una crisis de credibilidad podría complicar el ambiente político previo a las elecciones de 2027, pues los cuestionamientos contra la autoridad electoral pueden alimentar dudas sobre los resultados, incluso cuando no existan pruebas de irregularidades en la votación.
En ese sentido, consideró indispensable que el INE no solamente garantice la correcta organización de los comicios, sino que también ofrezca certeza sobre la integridad de sus procedimientos y el manejo de los recursos públicos.
Añadió que, en el caso de las contrataciones bajo investigación, las autoridades deben revisar la documentación, la calidad de los materiales electorales, la confiabilidad de los procedimientos y los mecanismos de seguridad involucrados.
Finalmente, Rebollo Mendoza sostuvo que, si se identifica la participación de proveedores señalados en servicios vinculados con la organización electoral, deberá determinarse si las posibles anomalías se limitaron al ámbito administrativo o tuvieron consecuencias operativas.
La diputada insistió en que esclarecer los hechos será fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y evitar que las dudas sobre el desempeño institucional se conviertan en un factor de incertidumbre durante los próximos comicios.
