Por Gonzalo Martínez
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó fuertemente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por su intento de eliminar la prisión preventiva oficiosa.
López Obrador acusó a los ministros de adoptar una postura “internacionalista” al querer deshacerse de la prisión preventiva, argumentando que están dispuestos a desechar la Constitución mexicana en favor de cumplir con los convenios internacionales firmados por el país.
El mandatario también señaló otras preocupaciones relacionadas con la SCJN, como la declaración de inconstitucionalidad de la reforma eléctrica impulsada durante su administración por parte de dos ministros. Destacó la importancia de abordar estas cuestiones y sugirió que podrían requerir una reforma profunda, incluso en los planes de estudio de las escuelas de derecho.
En abril de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una condena contra el Gobierno mexicano por el uso de la prisión preventiva oficiosa, ordenando que se ajuste el marco jurídico del país para que sea compatible con la Convención Americana.
La sentencia se dio en el caso de García Rodríguez y otro vs México, donde la CIDH encontró al Estado mexicano responsable por violaciones a diversos derechos de dos hombres que fueron mantenidos en prisión preventiva por 17 años y sufrieron torturas durante su detención.
Este caso se relaciona con las violaciones al debido proceso y a la libertad personal de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, acusados del asesinato de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés, en 2001. Ambos estuvieron en prisión preventiva hasta 2019, cuando fueron colocados bajo arresto domiciliario con brazaletes electrónicos. Su condena de 35 años de cárcel en 2022 está actualmente en proceso de apelación.
