Por: Martha Casas.
A casi dos meses de haber entrado en vigor la reforma que endurece las sanciones por el delito de extorsión en Durango, al menos cinco hombres se encuentran en prisión preventiva y recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de esta capital, enfrentando procesos penales bajo la nueva legislación.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Manuel Valadez Díaz, confirmó que ya existen denuncias judicializadas y personas procesadas conforme a las disposiciones reformadas, lo que marca los primeros casos relevantes derivados de este marco legal.
De acuerdo con el titular del Poder Judicial, actualmente se tienen identificados dos asuntos de alto impacto.
El primero se registró en el municipio de Gómez Palacio, donde tres personas fueron imputadas por su presunta participación en actividades de extorsión; el segundo caso ocurrió en la ciudad de Durango, donde otras dos personas enfrentan cargos por el mismo delito.
Valadez Díaz precisó que ambos procesos corresponden a la modalidad agravada de la extorsión, ya que los imputados se desempeñaban como trabajadores de distintas agrupaciones de seguridad pública, circunstancia que incrementa la severidad de las sanciones.
Bajo este supuesto, las penas contempladas por la ley son considerablemente elevadas: la sanción mínima va de los 25 a 26 años de prisión, mientras que la máxima puede alcanzar hasta los 45 años.
Finalmente, el magistrado destacó la preparación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la correcta implementación de la reforma.
Señaló que ha sostenido reuniones de trabajo con la fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso, en las que se han analizado los alcances y criterios de aplicación de la nueva legislación para garantizar procesos sólidos y bien integrados.
