La diputada Sughey Torres propone incorporar este delito al Código Penal estatal para cerrar vacíos legales y proteger a menores de edad y personas vulnerables.
Por Luis Juárez
Durango, Dgo.- Con penas de hasta 15 años de prisión, la diputada local Sughey Torres Rodríguez presentó una iniciativa para tipificar el delito de cohabitación forzada en el Código Penal de Durango, con el propósito de impedir que niñas, niños, adolescentes y personas en condiciones de vulnerabilidad sean obligados a establecer una convivencia similar a la matrimonial.
La propuesta contempla sanciones de ocho a 15 años de cárcel, además de multas de mil a dos mil 500 días, para quienes obliguen, induzcan, promuevan o faciliten este tipo de uniones, incluso cuando no exista un matrimonio formal.
Durante la ampliación de motivos, la legisladora explicó que la iniciativa busca armonizar la legislación estatal con el marco penal federal e incorporar un capítulo específico que permita sancionar estas conductas y fortalecer la protección de las víctimas.
Asimismo, plantea incrementar las penas hasta en una mitad cuando existan agravantes, como el uso de violencia física o psicológica, amenazas, intimidación, abuso de relaciones de tutela, patria potestad o custodia, así como cuando exista un beneficio económico para quien promueva o facilite la unión.
La propuesta también contempla una protección reforzada cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, al considerar que pueden enfrentar mayores obstáculos para defender sus derechos.
Torres Rodríguez explicó que la cohabitación forzada ocurre cuando una persona menor de 18 años, o alguien que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, es obligada o inducida a mantener una convivencia constante y equiparable a la matrimonial, ya sea con otra persona menor de edad o con un adulto.
La diputada advirtió que la prohibición del matrimonio infantil no ha eliminado otras formas de unión que pueden vulnerar los derechos de la niñez, particularmente aquellas que se establecen sin un vínculo matrimonial reconocido legalmente.
Para dimensionar el problema, presentó cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, que contabilizó 224 mil 454 adolescentes de entre 12 y 17 años casados o viviendo en unión libre en México. Además, citó datos del Consejo Nacional de Población que ubicaron a Durango, durante ese mismo año, con una razón de fecundidad forzada de 2.1 nacimientos por cada mil niñas de entre 10 y 14 años.
La legisladora aclaró que estos indicadores no representan exclusivamente casos de cohabitación forzada ni permiten asegurar que todas las uniones fueron impuestas, pero consideró que reflejan condiciones de vulnerabilidad que requieren mayores herramientas jurídicas de protección.
“Que ninguna niña tenga que renunciar a sus sueños para cumplir los de alguien más; que ningún niño vea su futuro decidido por otros y que ninguna persona sea obligada a vivir una vida que no eligió”, expresó.
A la iniciativa se sumaron las diputadas Gaby Vázquez Chacón y Delia Enríquez, quienes respaldaron la propuesta para fortalecer el marco legal de protección a la niñez y a las personas en situación de vulnerabilidad.
