La modernización de los catastros y registros públicos de la propiedad no debe convertirse en un nuevo golpe a la economía de las familias y los negocios mediante incrementos al impuesto predial, advirtió Sergio Sánchez López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) Durango.
Ante el análisis en el Congreso de la Unión del proyecto de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, el dirigente empresarial llamó al Senado, como cámara revisora, a establecer garantías para que la actualización de los valores catastrales no se traduzca automáticamente en mayores contribuciones para los propietarios.
Aunque reconoció que contar con información catastral confiable puede dar certeza jurídica sobre el patrimonio, simplificar trámites y reducir espacios para la corrupción, señaló que el proceso debe contemplar medidas para evitar afectaciones económicas a quienes poseen una vivienda o mantienen un negocio.
La preocupación, explicó, radica en que un aumento en el valor catastral de un inmueble puede influir en el monto del predial, dependiendo de las disposiciones fiscales aplicables en cada entidad y municipio.
“Que una propiedad tenga un valor catastral más alto no significa que su propietario tenga más ingresos para pagar un impuesto mayor”, advirtió CANACO Durango en su posicionamiento dirigido a legisladores federales, particularmente a quienes representan a la entidad.
El organismo empresarial señaló que un incremento en este gravamen puede afectar directamente el presupuesto de los hogares, elevar los costos de operación de los comercios y limitar las decisiones de inversión, contratación de personal y expansión de las pequeñas empresas.
Seis propuestas para proteger a los contribuyentes
Ante este escenario, CANACO Durango planteó seis medidas para incorporar al análisis legislativo: establecer mecanismos que eviten incrementos abruptos del predial derivados de la actualización catastral; publicar escenarios sobre el impacto económico de los cambios; garantizar valuaciones transparentes y procedimientos accesibles para corregir errores; delimitar las competencias de las autoridades federales, estatales y municipales; precisar el financiamiento de la modernización sin trasladar sus costos a los contribuyentes, y reforzar la protección de la información patrimonial.
Sánchez López también propuso instalar una mesa de trabajo con legisladores federales por Durango, autoridades locales y especialistas, con el propósito de revisar los alcances de la iniciativa y atender las inquietudes del sector productivo.
El dirigente sostuvo que los comerciantes, prestadores de servicios y empresarios del turismo necesitan certidumbre sobre sus costos para decidir si invierten, contratan trabajadores o amplían sus establecimientos.
Por ello, pidió que la modernización catastral se discuta con transparencia y contemple sus consecuencias económicas antes de implementar los cambios.
La postura de CANACO no rechaza la actualización de los catastros, sino que exige garantías para que el proceso no represente una carga adicional para las familias y las empresas, ni comprometa la capacidad de los municipios para prestar servicios públicos.
“Modernizar el catastro debe dar certeza al patrimonio, no convertirse en una cuenta más alta para quienes lo construyeron”, concluyó el organismo empresarial.
