La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos humanos de Mario Aburto tras su detención, por lo que ordenó una nueva investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
En marzo de 1994 el candidato priista a la Presidencia de México fue asesinado durante un mitin en Lomas Taurina, Baja California. Mario Aburto fue detenido y encarcelado como autor material del crimen.
![Mario Aburto Martínez](https://i2.wp.com/lopezdoriga.com/wp-content/uploads/2021/02/mario-aburto-martinez.jpg?ssl=1)
En una revisión del caso, la CNDH acreditó que Aburto Martínez fue víctima de tortura por parte de los agentes del Ministerio Público Federal que lo detuvieron y trasladaron al penal del Altiplano en el Estado de México, así como por personal médico y custodios de dicho centro de reclusión.
Además se declaró como violación a la integridad personal y trato digno la reclusión del detenido en un penal lejano al lugar donde habita su familia, derivado de su traslado al Cefereso 12 ‘CPS-Guanajuato’.
Ante los hallazgos, la Comisión estableció que la Fiscalía General de la República (FGR) “deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima”.
Estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine (y) aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”, señaló.
El objetivo es subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan al Estado responder por sus actos a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, así como mediante acciones y políticas de no repetición para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder.
La CNDH recomendó al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS contra los servidores públicos involucrados.
La recomendación será remitida a la Cámara de Diputados para que sea agregada a la investigación que realiza la Comisión de la Verdad creada para esclarecer los hechos y se determine lo que a derecho corresponda.
Con información de López-Dóriga Digital