Por Gonzalo Martínez
Este martes, los 36 colegios de abogados en Jalisco expresaron su rechazo a la reforma judicial que se debatirá en el Congreso mexicano, argumentando que “dañaría” la democracia y “sometería” al Poder Judicial, el cual actúa como contrapeso del gobierno mexicano.
“Es indigno que un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo quieran someter, hincar y quieran doblar a un Poder Judicial de la Federación que es el contrapeso en la democracia”, declaró José Luis Tello, presidente del Consejo de Colegios de la Abogacía en Jalisco, durante una conferencia de prensa. Este organismo agrupa a mil 700 profesionales.
Tello advirtió que, con la aprobación de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca implementar la elección popular del Poder Judicial, el Ejecutivo intenta tener “jueces, ministros y magistrados a modo” para favorecer sus intereses personales. Por ello, instó al pleno del Legislativo a que “no se deje engañar”.
La reforma judicial promovida por el oficialismo, que será debatida en el Congreso a partir del lunes, contempla la renovación total de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la mitad de los jueces en todo el país mediante voto popular a partir de 2025.
Tello también señaló que la elección popular de jueces y magistrados tendría un costo cercano a los 64 mil millones de pesos, fondos que podrían destinarse a educación o salud.
Afirmó que el paro indefinido que los jueces y magistrados realizarán a partir de este miércoles es una de las medidas de presión contra esta iniciativa. “Esto es un ejemplo claro (de las acciones), mientras el Ejecutivo no razone y tenga los pies firmes para darle una marcha atrás a esa reforma al Poder Judicial, porque es errónea y porque interrumpe y viola las garantías individuales y sobre todo el Estado de derecho”, subrayó.
Los abogados también enfatizaron que cualquier persona que desee formar parte del Poder Judicial debe contar con una capacitación especializada, que requiere conocimientos en temas jurídicos y legislativos, los cuales no están al alcance de todos.
Agustín Flores, presidente del Colegio de Abogados en Juicios Orales, indicó que la reforma pretende crear un Tribunal de Disciplina para sancionar a los funcionarios corruptos, una medida que considera innecesaria dado que ya existen órganos de control.
“Siempre hay controles, el Consejo de la Judicatura Federal tiene su comisión de disciplina y tienen una figura jurídica, que es la queja administrativa. Cualquier persona que advierta que un funcionario no está realizando su función puede hacer saber esa conducta inadecuada”, explicó.
El Consejo de Colegios de la Abogacía en Jalisco reveló que uno de cada diez jueces tiene malas prácticas y que, solo en Jalisco, hay dos mil 100 quejas por actos de corrupción de jueces o magistrados, las cuales deben ser resueltas por el Consejo de la Judicatura a nivel federal.
