Congreso aprueba juicio político a magistrado

Por Fernando Madera
Durango, Dgo.
El Congreso de Durango aprobó iniciar el proceso de juicios político en contra del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Héctor Gabriel Trejo Rangel, a quien se le atribuyen excesos en su labor jurisdiccional.
En periodo extraordinario de sesiones, el pleno de la cámara votó el dictamen emitido por la Comisión de Responsabilidades, donde se analizó la solicitud de juicio político presentada por el Colegio Barra de Abogados.
Fue durante el litigio iniciados por los abogados inconformes con el ahora ex presidente del Poder Judicial de Durango, Esteban Calderón Rosas, que se denunció al magistrado Trejo Rangel, quien dictó una sentencia que favoreció al ex presidente.
Los abogados, en su intento por destituir a Calderón Rosas, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que su presidencia, al carecer de una ratificación en cuanto a la permanencia en el cargo, incurría en usurpación de funciones.
La Fiscalía especial informó al público en general a través de comunicado oficiales, el estatus que mantenía la denuncia presentada en contra del ex presidente, pero en su información omitió respetar el principio de presunción de inocencia al hacer público el nombre completo del denunciado.
Fue por este motivo que Calderón Rosas presentó la denuncia en contra del Fiscal ante el Tribunal de Justicia Administrativa, quien le concedió la razón y se dictó una sentencia donde se ordenó a la Fiscalía detener el proceso.
Los abogados consideraron que esta decisión sobrepasa las atribuciones y facultades del Tribunal; señalaron que la sentencia obedecía más intereses de amiguismo o compadrazgo que a la legislación vigente.
De ahí que presentaron la solicitud de juicio político en contra del magistrado, quienes deberá someterse al proceso luego que en el dictamen votado por los congresistas se señalara “al ser hechos notorios que no se trata de actos administrativos competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango y que la suspensión otorgada sí trasgrede disposiciones de orden público, sin que en el asunto exista apariencia del buen derecho ni peligro en la demora, es claro, que existe un manifiesto ejercicio indebido de la función pública”.