Otros Datos
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Una de las razones por las que, se nos dijo, era necesario encuadrar a la Guardia Nacional en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional era la de facilitar la coordinación entre las dos dependencias del Gobierno Federal en el marco de lo que el actual gobierno llamó originalmente su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024
En ese plan se detallaban muchos de los pasos que el actual gobierno ha tomado aunque, claro, no consideraron que un grupo de senadores promoviera la controversia que finalmente descarriló este martes 18 de abril, un aspecto importante pero que no debería ser determinante de ese plan: el de las relaciones que deberían regir entre la Defensa y la Guardia nacionales.
En todo caso, el gobierno tendrá que ver “para adelante”, diseñar un nuevo modelo de relaciones entre ambas instituciones a menos, desde luego, que se quede con la solución más inmediata que ofreció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue regresar a lo dispuesto en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2019
Sin embargo, como el mismo Andrés Manuel López Obrador reconocía en su Plan Nacional, el país lleva ya casi 17 años en un escenario en el que las Fuerzas Armadas han asumido, para propósitos prácticos, el control de las estrategias de seguridad desarrolladas por los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña y él mismo.
Cualquier análisis de la realidad de la seguridad pública en México tendría que considerar las decisiones, similares en todo, que tomó Ernesto Zedillo cuando creó la ahora extinta Policía Federal Preventiva y aceptar también el hecho irrefutable que el modelo tiene antecedentes más remotos en la decisión de José López Portillo, a finales de los setenta, de lanzar la así llamada Operación Cóndor (ver también aquí) que marca el inicio más claro de este modelo en el que las Fuerzas Armadas se han hecho responsables de un aspecto crucial de la seguridad pública del país. Esa decisión, mala ya entonces, es más contradictoria cuando se consideran otras decisiones de López Portillo en la capital de la República, pues permitió que Arturo Durazo convirtiera al entonces Distrito Federal en un botín de grupos de delincuentes que no eran perseguidos por él como jefe de la policía, sino que eran, más bien, coordinados y encubiertos desde el cargo público que él ejercía.
A la espera de un análisis más a fondo de estas realidades, aquí presento algunos datos que dejan ver qué tan pocos efectos positivos ha tenido la militarización de la seguridad pública ya desde finales de los noventa, que es cuando Ernesto Zedillo crea, en enero de 1999, con batallones enteros tomados de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Policía Federal Preventiva.
La gráfica 1 deja ver la manera en que luego de una ligera mejoría que se extendió de 1999 a 2007, los primeros siete años de vida de la PFP, lo que viene después es un constante deterioro de la seguridad pública cuando se considera el número de homicidios registrados que, en todo caso, debe tomarse sólo como un proxy, una medida para aproximarnos a un fenómeno que no conocemos del todo, pues en México siempre es necesario considerar el problema que plantean las así llamadas “desapariciones” y su correlato, las fosas comunes clandestinas, donde están apilados cientos y quizás miles de personas cuya identidad se desconoce. Para cada uno de los sexenios, la gráfica 1 ofrece el número de homicidios del peor año de cada sexenio.
Lo que siguió de 2007 en adelante, el momento en que, frente a banqueros españoles, Felipe Calderón declara el inicio de su estrategia contra el crimen organizado es, por donde se le vea devastador (ver la página 8 de este texto de Jorge Chabat). En entregas subsecuentes de esta serie Otros Datos se analizaran con más cuidado estos datos, pero baste considerar por el momento el hecho que en 1990, cuando la serie que mide homicidios según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática inicia, México era un país de 82 millones de personas. Más de 30 años después, en 2023, somos un país de 126 millones. Es decir, México tiene poco más de 50 por ciento más de habitantes de los que tenía a principios de los noventa, pero tuvimos en 2020 36 mil 773 homicidios, el 245 por ciento más de los 14 mil 493 homicidios registrados en la estadística oficial del país para 1990.
Lamentablemente, carecemos de información tan detallada para los noventa e incluso para la primera década de este siglo, por lo que no es posible realizar una comparación tan sistemática como sería necesario. Sin embargo, cuando se considera la así llamada Cifra Negra, es decir, el número de delitos, no sólo homicidios, sino todos los delitos de los órdenes federal y local, que no se reportan ni se denuncian ante las autoridades competentes, la situación está muy lejos de mostrar signos de mejora.
De acuerdo con la información que se desprende de la serie de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, la llamada ENVIPE, en 2010, como se puede ver en la gráfica 2, México reportaba una cifra negra del orden el 92 por ciento. Es decir, de todos los delitos cometidos en el país, sólo se reportaba uno de cada diez u ocho de cada 100. Para 2021, once años después la cifra negra era de 93.2, es decir, sólo se reportaban poco más de 6, casi siete delitos por cada 100 que se cometían. No sólo no hay mejora. Hay un ligero empeoramiento de una situación ya de por sí muy negativa. Y lo peor, no hay mejora. Es decir, las personas no están dispuestas a correr el riesgo que implica denunciar o por miedo, o porque no tienen ganas de perder el tiempo o porque consideran que no tiene sentido hacerlo. En eso, no hay cambio.
El actual gobierno ha respondido a esta realidad con una ronda de reformas en la lógica del populismo punitivo, es decir, ha aumentado las penas, ha agregado delitos a la lista de los que se consideran como que no califican para el beneficio de la libertad bajo fianza o caución, pero no hay manera de hablar de alguna mejora en la situación.
En ese mismo sentido, como se puede ver en la gráfica 3, también construida a partir de los datos de la serie ENVIPE desde 2011 y hasta 2022, tampoco ha habido algo parecido a una mejora en la percepción de la seguridad. En 2011, el peor año de la gestión de Calderón, pues se acumularon más de 27 mil homicidios, como se puede ver en la gráfica 1, la percepción de inseguridad era del orden del 69.5 por ciento. Es decir, de cada 100 personas en México 70 se sentían inseguras.
Once años después, en 2022, bajo la presidencia de López Obrador, de cada 100 personas 76, es decir el 75.9 por ciento, se sienten inseguras. Es, de hecho, un ligero empeoramiento que, desde luego, podría cuestionarse por el aumento de la población o algún otro retruécano estadístico, pero que no cambia lo sustantivo: no ha habido mejora.
La semana próxima continuaré con el análisis de algunos de los Otros Datos disponibles en la estadística oficial del gobierno de México sobre estos temas.
