Por Gonzalo Martínez
Durango, Dgo.
Ladiputada Verónica Pérez se pronunció a favor del dictamen presentado por la comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias argumentando que atiende a la consulta pública obligatoria previa a la dictaminación cuando implique creación, reformas y modificación de normas que regulen derechos de personas con discapacidad, tomando en consideración los criterios emitidos. Por ello la inclusión es la causa de una gestión pública comprometida, mantiene el desarrollo equitativo en una sociedad.
Durante su intervención desde el Congreso local, dijo que la inclusión es una de las razones que sostienen la estructura de las leyes que rigen la vida pública y los derechos humanos de los duranguenses.
En el caso de las personas con discapacidad, esa inclusión, entre otras formas, se ejercita a través de pedir su parecer o su consejo para alcanzar una sinergia en pro del reconocimiento de sus derechos plasmados en toda normativa que los determine, los proteja y los plasme, señaló la legisladora.
La consulta requerida a las personas que padecen alguna discapacidad en cuanto a los preceptos legales que les atañen, es una obligación del Estado Mexicano, que deviene de tratados internacionales y que en nuestra entidad estamos obligados a respetar.
Independientemente de la certeza que se pudiera tener en cuanto al beneficio de una nueva ley o una modificación a preceptos que inciden en los derechos humanos de las personas con discapacidad, es requisito indispensable para la procedencia de la misma, el visto bueno del mencionado grupo social.
Es decir, más allá de que un precepto legal sea justo, aplicable y conducente desde el punto de vista social y jurídico, y consiga satisfacer cierta necesidad o propiciar beneficio a los sujetos a quien va dirigido, en este caso a las personas que padecen alguna discapacidad, la necesidad de escrutinio de estas es indispensable para la corroboración del provecho que obtienen a partir de la aplicación de ese mismo precepto.
La consulta obligatoria a cargo de los entes públicos concedida por el derecho internacional a las personas con discapacidad en relación a la implementación o modificación de la normativa que afecta sus derechos, no se agota en la presunción del beneficio que se propicie para esas personas, ya que, de cualquier manera, estas deben estar enteradas de primera mano de las modificaciones a realizar, para entender y valorar el alcance de las propuestas antes de que cobren vigencia.
Por lo manifestado, Acción Nacional vota a favor del presente dictamen y reconoce el compromiso y labor de las diputadas y diputados integrantes de la comisión dictaminadora y de cada miembro de este Congreso de Durango, para garantizar la participación activa y verdadera de los grupos vulnerables en la vida pública de nuestra entidad, concluyó.
