Por: Martha Casas.
El próximo 1 de junio, más de 800 cargos judiciales estarán en juego en un proceso sin precedentes que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. Esta elección es histórica por su magnitud y los riesgos que implica.
Lo que debería ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte, transparente y profesional, ha derivado en un proceso opaco, improvisado y manipulado. Hoy estamos ante una elección que no fue planeada para mejorar la impartición de justicia; fue diseñada para controlar al Poder Judicial. El resultado de este ejercicio será un sistema debilitado, expuesto a intereses partidistas y del crimen organizado.
El desarrollo y preparación de este proceso ha puesto en evidencia múltiples deficiencias que generan inquietudes sobre su legalidad, imparcialidad y transparencia. La fragilidad que rodea al nuevo sistema de justicia no es producto del azar sino resultado de una reforma mal diseñada y apresurada.
La ausencia de criterios técnicos claros, la improvisación del proceso electivo y la falta de un diagnóstico serio previo, han derivado en un modelo débil, permeable a intereses políticos y vulnerable a la desconfianza ciudadana. Lo que está en juego no es solo quién juzgará sino cómo se impartirá justicia en nuestro país.
La elección judicial, en lugar de haberse concebido como un mecanismo para fortalecer las instituciones de justicia, ha sido utilizada como una herramienta política. Desde su origen advertimos que la reforma no partió de un diagnóstico técnico de mejora institucional, sino fue configurada bajo la lógica de control.
En lugar de garantizar un sistema más independiente y profesional, se impulsó una reconfiguración que prioriza la lealtad sobre la idoneidad, debilitando los contrapesos y comprometiendo la imparcialidad del Poder Judicial.
