Por: Martha Casas.
El magistrado Manuel Valadez Díaz, integrante del Tribunal Superior de Justicia de Durango, explicó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece reglas distintas al sistema para adultos y da prioridad al interés superior de la niñez.
Lo anterior lo señaló luego de que se han conocido casos que involucran a menores de edad con la presunta comisión de delitos de diversos tipos incluyendo del orden federal.
No obstante, las condiciones establecidas por la ley implican que la sanción máxima de internamiento para un menor es de cinco años, incluso en casos de homicidio o participación en grupos delictivos.
Ante ello, reconoció que existe inquietud social; sin embargo, aclaró que los estados no pueden modificar estas penas, ya que cualquier cambio depende del Congreso de la Unión.
También precisó que los menores de 12 años no pueden ser procesados penalmente ni privados de la libertad, por lo que quedan bajo resguardo de instituciones como el DIF.
Con estas condiciones, el reto para las autoridades es lograr que ese tiempo de internamiento realmente funcione para cambiar conductas y evitar que los jóvenes reincidan al alcanzar la mayoría de edad.
Por ello, desde el Poder Judicial se insiste en que el problema no se resuelve solo con sanciones, sino con acciones que involucren a la familia y al entorno social, antes de que más menores sean absorbidos por la delincuencia.
