Durango, Dgo.
Con la finalidad de contar con personas con integridad, honradez, solvencia moral y cívica, la diputada Paty Jiménez Delgado presentó la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado, para ampliar los requisitos para ser fiscal general del estado y Juez o Jueza de la entidad.
“Representar la potestad que originalmente le corresponde al pueblo, debe ser un motivo de orgullo y se debe ejercer por ciudadanos y ciudadanas que representen la integridad y solvencia moral y cívica que corresponde a la naturaleza del servicio público”, puntualizó.
De esta manera, se busca el no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad o por actos de corrupción, por violencia política contra las mujeres por razones de género, violencia familiar, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, violación o feminicidio, ni ser deudora o deudor alimentario moroso.
La legisladora resaltó que Fiscalía General del Estado es la dependencia del Ejecutivo del Estado, mediante la cual la Institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos ejercen sus funciones de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales de la materia, de lo que fácilmente se puede inferir la relevancia de las funciones del fiscal.
“Estar al frente de una dependencia que realiza la investigación de las acciones señaladas como delitos y presentar a los responsables ante la autoridad jurisdiccional, le corresponde solo a personas capacitadas y respaldadas por su integridad y su honradez”, consideró a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
En lo que se refiere a la labor jurisdiccional, señaló que la iniciativa impacta de forma directa en ello, toda vez que se propone aquí mismo la reforma del artículo que describe los requisitos para acceder al cargo de juez.
Además, para el caso de los consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura, órgano desconcentrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, se aplicarán los mismos criterios que se establecen en el artículo 122, mismo que es parte de la actual iniciativa, lo cual redundará en la solvencia moral del consejo, sustentada por la individual en cada uno de sus integrantes, aun en los que lleguen a tal cargo por propuesta del Ejecutivo del Estado y del Poder Legislativo.
