Se ha aprobado la iniciativa para prohibir que se le obligue a tomar terapia a alguien con la finalidad de cambiar su orientación sexual, evitando que se pueda desarrollar libremente.
Por Johan Unzueta – Zero
Durango, Dgo.
La Cámara de Diputados en San Lázaro aprobó prohibir en todo el país los ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género), también mal llamadas “terapias de conversión”, con 275 votos a favor, 102 en contra y 30 abstenciones.
Luego de que esta iniciativa estuviera poco más de 2 años congelada en el congreso, desde el año 2018, misma que fue presentada por la senadora integrante del partido Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil como Yaaj México y el activista Genaro Lozano.
Alan Espinosa, delegado de LGBT rights en Durango, informó que el dictamen aprobado prohíbe realizar, impartir, aplicar, obligar o financiar tratamientos, terapias, o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
“Se trata de un fortalecimiento de los derechos humanos, porque la diversidad sexual no es una ideología, mucho menos es una patología” indicó Alan Espinosa.
Además agregó que en Durango falta mucho por hacer, ya que no se ha posicionado nada en el congreso local al respecto a este tema y no se ha trabajo a nivel legislativo para proteger a las poblaciones que son las más propensas a tener este tipo de terapias que son en su mayoría menores de edad.
Este dictamen no limita el derecho de las personas a buscar apoyo psicológico, lo que busca es terminar con prácticas que solo buscan la orientación sexual o identidad de género de las personas para curar algo que no se cura.
La iniciativa reformará el Código Penal Federal y la Ley General de la Salud, para que con esto se pueda castigar con una multa de mil a 2 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización y prisión de dos a seis años a aquellas personas que quieran obligar a cambiar la orientación sexual de las personas.
Más específico, en las reformas se contemplan sanciones para tratamientos, servicios o prácticas que impidan el libre desarrollo de la orientación sexual, identidad o expresión de género.
