Por Gonzalo Martínez
El juez que preside el juicio por fraude empresarial contra el expresidente estadounidense Donald Trump, dictaminó que tanto él como los otros acusados “deberán informar por adelantado” a una supervisora si desean solicitar nuevas licencias de operación, establecer una nueva empresa o transferir activos.
Es parte de un desarrollo del dictamen del pasado 26 de septiembre del juez Arthur Engoron, en el que declaró de manera sumaria (previa al juicio) a Donald Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric y dos socios “responsables de fraude continuado” en la Organización Trump y canceló sus licencias de operación en el estado de Nueva York.
Engoron, en su orden de este jueves, da un plazo de una semana a los acusados para que entreguen a una supervisora independiente, la jueza llamada Barbara Jones, un listado de las entidades controladas o en propiedad de los acusados (afectadas por la cancelación de las licencias) y detallen los socios de cada una.
El magistrado amplió el plazo hasta el 26 de octubre para que los acusados indiquen quién se encargará de la liquidación de las empresas.
Del mismo modo, les ordena informar por adelantado a la supervisora Jones de posibles solicitudes para nuevas licencias de operación “en cualquier jurisdicción” y de la creación de cualquier nueva entidad que tenga por objeto mantener o adquirir los activos de las empresas canceladas.
Igualmente les obliga a informar a Jones de transacciones que tengan que ver con las entidades, como transferencias de activos y deuda, de sus comunicaciones con terceros (como bancos, prestamistas o seguros) respecto a las cancelaciones de licencia y de avisos de “impago” de otras partes relacionadas.
Los abogados del expresidente de Estados Unidos, apelaron el miércoles el fallo que resolvió el cargo principal de fraude antes del juicio y que impuso la cancelación de las licencias de los acusados, del que se derivan las órdenes establecidas hoy por el juez, pero ese proceso de apelación podría alargarse meses.
La Fiscalía llamó este jueves a su segundo testigo, uno de los acusados, Jeffrey McConney, que era auditor de la organización Trump, tras finalizar los interrogatorios a Donald Bender, un antiguo contable de la empresa Mazars que se encargaba de las declaraciones financieras de la Organización Trump.
