La activista Jennifer de la Torre, integrante de la asociación Red Define Durango, advirtió que los legisladores locales podrían ser sancionados e incluso inhabilitados si no cumplen con la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal, que actualmente criminalizan el aborto en la entidad.
De la Torre explicó que el mandato del máximo Tribunal debe cumplirse antes del mes de diciembre, por lo que el Congreso del Estado está obligado a armonizar la legislación local con el criterio nacional que reconoce el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin penalización.
“Se ha hablado mucho del tema sin conocer el fondo. No es una discusión nueva ni una ocurrencia: existe un ordenamiento legal que debe acatarse”, puntualizó la activista.
Consideró que este avance representa un logro histórico para las mujeres y para los colectivos que durante años han impulsado la causa en Durango, entre ellas Julieta Hernández, de Si Hay Mujeres en Durango y otras agrupaciones feministas que han mantenido la exigencia de justicia y derechos reproductivos.
De concretarse la reforma, Durango se sumaría a la lista de estados que ya han armonizado sus leyes en materia de aborto, saldando una deuda pendiente con los derechos humanos y reproductivos.
Actualmente, la entidad permanece entre los pocos estados que aún no han actualizado su legislación tras la resolución de la Suprema Corte.
Es momento de que Durango cumpla y avance; no se trata de ideologías, sino de respetar la ley y garantizar los derechos que ya fueron reconocidos a nivel nacional”, enfatizó De la Torre.
