Hay un mandato de la corte y hay sanciones si no lo acata el Legislativo
En el marco del Día Global por la Despenalización del Aborto, conmemorado el 28 de septiembre, Durango vuelve a quedar bajo la lupa, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al Congreso local modificar su legislación para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Así lo manifestó en entrevista Julieta Hernández Camargo presidenta de Si hay Mujeres en Durango, y explicó que el 18 de julio, la Corte emitió un ordenamiento que obliga a los diputados a derogar del Código Penal el delito de aborto. En 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió un amparo en el mismo sentido: el Congreso estatal debe acatar y reformar la normativa, de lo contrario los legisladores se harán acreedores a sanciones que incluyen multas e incluso la inhabilitación de 5 a 10 años para ocupar cargos públicos.
Actualmente, 24 entidades del país han despenalizado el aborto; Durango permanece dentro de los siete estados que aún mantienen restricciones.
Organizaciones y colectivos recordaron que la interrupción del embarazo debe reconocerse como un servicio de salud esencial al que puedan acceder mujeres, hombres trans y personas no binarias gestantes, en ejercicio de su autonomía reproductiva.
Además, Hernández hizo un llamado al Congreso local y a la Secretaría de Salud del Estado para cumplir con lo ordenado por el tribunal, otorgar certeza jurídica a quienes decidan interrumpir un embarazo y garantizar la prestación del servicio en hospitales públicos.
La exigencia es clara: que se respete la sentencia, se elimine la penalización y se garantice a las duranguenses el acceso libre, seguro y gratuito a este derecho.
