Por Martha Casas
Además del desprestigio institucional, Durango podría ser sancionado con multas millonarias si no acata el ordenamiento federal que obliga a legislar la despenalización del aborto, advirtió el abogado y defensor de derechos humanos Pablo Navarrete Gutiérrez.
En entrevista, explicó que el incumplimiento de la sentencia de amparo podría generar responsabilidad internacional para el Estado, al tratarse de una violación a derechos humanos reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como ejemplo, recordó el caso Paulina, ocurrido en Baja California en 1999, “cuyas consecuencias legales y económicas aún persisten, pues el Estado sigue pagando por no haber cumplido con su obligación en materia de derechos reproductivos”.
Navarrete Gutiérrez señaló que el plazo vence el próximo 15 de diciembre para que el Congreso local cumpla con la instrucción de legislar en este sentido. Sin embargo, observó que “hasta ahora solo se ha visto disimulo, evasivas e incluso presión por parte de grupos que se oponen a la despenalización”.
Agregó que la propuesta de realizar una consulta pública no es procedente, pues “equivale a preguntar a la gente si quiere que se les cobren impuestos; es un absurdo, porque los derechos humanos no se someten a votación”.
Finalmente, advirtió que si el Congreso no aprueba la reforma antes del plazo establecido, no logrará evitar el tema, ya que la obligación jurídica permanece y el Estado tendrá que responder por el incumplimiento.
